Tribunal de Cuentas insta a los partidos a regular microcréditos y gastos electorales y anuncia su propuesta para junio

La presidenta del Tribunal de Cuentas, María José de la Fuente, ha instado a los partidos políticos a regular los microcréditos y definir mejor los gatos de campaña que deben considerarse electorales y subvencionables, y ha adelantado que la institución aprobará en junio una moción con sus propuestas al respecto.

De la Fuente ha comparecido este martes ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de relaciones con el Tribunal de Cuentas para presentar los dos últimos informes de fiscalización relativos a partidos políticos, los referidos a las elecciones locales y generales de 2019.

Sólo en el informe de las generales de noviembre de ese año el Tribunal de Cuentas destapó casi un millón de euros de gastos que no tenían la consideración de electoral o que directamente no debieron de haberse hecho. Y al no ser admitidos, no pudieron acogerse a subvención.

En sus informes, la institución recomienda al Legislativo especificar las categorías de los gastos electorales contemplados en la LOREG, así como las imputables a la subvención de los gastos electorales por el envío directo y personal de sobres y papeletas o de propaganda electoral.

También ve oportuno evaluar la necesidad de adecuar los límites de gastos en publicidad exterior y de publicidad en medios privados a los nuevos soportes de publicidad existentes (prensa digital y otros usos en Internet) para precisar cuáles se incluyen a efectos de comprobar la limitación legal establecida. Propone además que el tope de gasto en campaña se vincule con el número de electores y no con el numero de habitantes de la circunscripción como se viene haciendo.

LA DEFINICIÓN ACTUAL DE GASTO ELECTORAL ES INSUFICIENTE

La presidenta del Tribunal ha insistido en la necesidad de afinar la definición de los gastos electorales pues considera que el artículo 130 de la Ley Electoral es «insuficiente». En todo caso, ha animado a aprovechar la doctrina de la institución a la hora de considerar electorales unos gastos y no otros.

A tal fin, el Tribunal ya tiene programada para este año la aprobación de una «moción relativa a la financiación, la actividad económico-financiera y el control de las formaciones políticas y de las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de ellas», y De la Fuente ya ha adelantado que verá la luz en junio.

Y en esa moción se hablará también de los microcréditos, pues la institución viene pidiendo, por lo menos, fijar una cuantía máxima por prestamista que no exceda del límite máximo previsto en la normativa electoral para las aportaciones privadas, que éstos sean ingresados en las cuentas bancarias electorales y que tengan que ser devueltos antes que de se cumpla un año natural de la celebración de las elecciones para las que se concedieron. Asimismo, pide que para renunciar a su devolución y que pasen a ser una donación, los prestamistas lo tengan que especificar por escrito.

Según ha recordado la presidenta, los microcréditos son una fórmula nueva de financiación de los partidos que no está regulada, pues no es una donación, ya que la aportación hay que reintegrarla, y tampoco es un crédito bancario, por lo que es inaplicable la normativa del sector financiero.

De momento, el Tribunal se ocupa de asegurar que estos microcréditos no exceden del tope de 10.000 euros establecido para las donaciones particulares y, más adelante, en el informe anual de cada partido, comprueba si efectivamente ese dinero fue devuelto al ciudadano.

LA FISCALÍA NO HA PEDIDO ACTUACIONES PENALES

La portavoz del PP, Pilar Marcos, ha preguntado por el caso de Unidas Podemos, investigada judicialmente por el caso Neurona y que habitualmente recurre a estos microcréditos, pero De la Fuente ha dicho que, respecto a estos dos informes, la Fiscalía del tribunal de Cuentas no ha pedido ninguna actuación penal contra los morados .

En cuanto al mailing de los partidos, la presidenta del tribunal ha vuelto a recomendar que se evalúe «la eficiencia material y económica» de estos envíos generalizados de sobres y papeletas, teniendo en cuenta la disponibilidad de los mismos en las mesas electorales. Su consejo es buscar un sistema más acorde a las nuevas tecnologías con garantías, que permita reducir costes, pero en todo caso ha garantizado que, mientras esté en la legislación, no va a proponer que se deniegue la subvención.

En este punto, el diputado del BNG, Néstor Rego, se ha quejado de que su partido y otras formaciones nacionalistas como Coalición Canaria, Junts y Compromís no hayan recibido subvención pese a haber formado grupo parlamentario en el Congreso y ha acusado a la institución cambiar el criterio. «El BNG no se va a quedar quieto ante este atropello», ha avisado.

Pero la presidenta ha replicado que no se ha cambiado de opinión, sino que viene aplicando este principio al menos desde 2015. Según ha recordado, la ley establece que sólo se abonará la subvención a quien tenga «el número de votos suficiente para formar grupo parlamentario en el Congreso», y eso no incluye a quienes, como el BNG, no alcanza ese mínimo. Otra cosa es, ha añadido, que el BNG pueda constituir grupo uniéndose a otros partidos.

POSIBLE SANCIÓN A CIUDADANOS Y VALLS

Por último, la diputada de ERC Pilar Vallugera ha preguntado por qué no se ha recortado la subvención a la coalición de Barcelona por el Cambio que Ciudadanos formó con la plataforma de Manuel Valls en Barcelona pese a que en el informe se habla de un exceso de gasto de 190.000 euros, algo que constituye una infracción sancionable.

De la Fuente ha aclarado que los informes de fiscalización se limitan a señalar una irregularidad, pero sin prejuzgar si debe sancionarse, una tarea de la que se ocupa el Pleno del tribunal en una fase posterior, avisar al partido afectado y escuchar sus alegaciones.

Y esa posibilidad de sanción sigue estando sobre la mesa: «En todos los casos en los que el informe de las elecciones locales se habla de concurrencia de irregularidades, se abre un procedimiento sancionador –ha explicado–. Pero antes hay un trámite de información previa, de remisión de una resolución a la formación llamándole la atención y dando la posibilidad de alegaciones, y al final se resolverán las posibles infracciones y se deducirá sanción correspondiente».