El Supremo impide a un particular recurrir las restricciones en Valencia porque el TSJ se pronunció antes del 9 de mayo
El nuevo recurso de casación entró en vigor tras el levantamiento del estado de alarma
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite el recurso de casación presentado por un particular contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJV) que autorizó determinadas restricciones frente al covid en dicha comunidad una vez fue levantado el estado de alarma el pasado 9 de mayo.
El Supremo inadmite este asunto a trámite al recordar que el Real Decreto-Ley que introdujo la posibilidad de un recurso de casación contra los autos de los tribunales superiores de Justicia en esta materia entró en vigor el 9 de mayo.
Como el auto del TSJ valenciano es de dos días antes, el 7 de mayo, debe aplicarse la doctrina anterior, en la que el procedimiento concluye una vez las medidas son ratificadas por los jueces contenciosos del territorio en cuestión.
El recurso fue presentado por el mismo abogado valenciano que ha acudido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para denunciar lo que considera una vulneración de sus derechos fundamentales al haber sido inadmitidos los recursos que interpuso tanto en el Tribunal Supremo como en el Tribunal Constitucional contra la declaración del último estado de alarma.
Los recursos fueron rechazados por falta de legitimidad del recurrente, ya que la legislación no contempla que un particular pueda pleitear en este sentido. El letrado, Curro Nicolau, considera sin embargo que se le ha imposibilitado acceder a la justicia ordinaria para «tener un juicio equitativo que permita enjuiciar a validez» del real decreto que declaró el estado de alarma por covid, lo que vulnera sus derechos fundamentales.
A juicio de este abogado, que durante los últimos meses ha presentado numerosos recursos contra diversas órdenes ministeriales que aplicaban restricciones -el primero por los límites a la movilidad de los menores– las decisiones del Gobierno español han supuesto una vulneración «sistemática le Constitución Española y los derechos fundamentales», según señala el recurso ante las instancias europeas a la que ha tenido acceso Europa Press.
