Fiscalía abre diligencias sobre la selección de la Jefatura de RRHH de Divalterra denunciada por el PP
VALENCIA, 17
Fiscalía ha incoado diligencias para investigar presuntas irregularidades en el proceso de selección de la jefatura de Recursos Humanos de Divalterra, la empresa pública de la Diputación de Valencia, tras la denuncia que presentó el grupo popular en la corporación provincial, según ha informado esta formación en un comunicado.
Los hechos que el PP puso en conocimiento del ministerio público «describen una actuación antes, durante y después del proceso de selección, que indiciariamente podría ser constitutiva de delitos de tráfico de influencias y prevaricación».
Según sostiene el PP, en el transcurso de ese proceso «se detectaron situaciones en las que los técnicos han denunciado presiones por parte de algún responsable político, principalmente por parte del presidente del Consejo de Administración de la empresa pública, Ramiro Rivera».
«Desde el mismo momento en el que se determinó la persona ganadora del proceso de selección se puso en marcha una operativa para intentar revocarlo. Las alegaciones del candidato que quedó en segundo lugar se tomaron como base para paralizar la contratación, cuestión que el presidente del Consejo de Administración ordenó por escrito, amparado en los informes del jefe de los Servicios Jurídicos de Divalterra, José Luis Vera», señala el PP, que recuerda que este último acaba de ser detenido en la segunda fase del caso Azud y que sigue sin ser cesado de su cargo.
En esta línea, señala que, «en ningún momento», se atendió ni valoró la contestación que el tribunal de selección emitió al candidato que quedó en segundo lugar desestimando sus alegaciones. Los miembros del tribunal se han reafirmado en que el proceso de selección fue transparente y con todas las garantías legales por lo que si el candidato que alegó tenía dudas debía acudir al órgano jurisdiccional correspondiente.
En esta línea, el PP señala que los intentos «repetidos» de sacar adelante en el Consejo de Administración los informes del jefe de los servicios jurídicos «poniendo en duda lo que ninguno de los candidatos impugnó en su momento, como la composición del tribunal y la confección de las bases, no tuvieron éxito», unas actuaciones que «solo revelaron el especial interés en revertir el resultado final del proceso de selección que habían determinado los técnicos».
Finalmente derivaron en una fractura dentro del Consejo de Administracion y en una situación «de incertidumbre» entre los responsables de la empresa pública.
GRAVES IRREGULARIDADES
El portavoz del PP en la Diputación, Vicente Mompó, ha lamentado que durante este proceso de los últimos meses se han producido «graves irregularidades» y ha quedado claro que «cuando los técnicos se mantuvieron firmes frente a la injerencia política, el equipo de Toni Gaspar optó por cerrar la empresa».
Mompó ha valorado que el fiscal haya iniciado las investigaciones para poder «aclarar lo sucedido» y ha recordado que en el proceso de selección hay miembros del tribunal «que decidieron acudir a la Agencia Valenciana Antifraude para denunciar situaciones que no consideraban lógicas» y este organismo «incluso concedió a alguno de ellos la condición de testigo protegido».
Además, recuerda que hay otras denuncias recogidas en el Consejo de Administración de Divalterra por parte del gerente, Antonio Mas, en las que asegura haberse sentido «juzgado por parte del jefe de los servicios jurídicos sin ni siquiera darle la oportunidad de hablar».
«Hemos sufrido multitud de cortapisas para acceder a los expedientes y ejercer la labor de fiscalización, se han producido nombramientos de consejeros que, bajo la apariencia de técnicos, tenían una clara adscripción política, y durante meses no hemos podido expresar nuestras quejas a lo que sucedía en Divalterra, por lo que parecía inevitable que fuera la Fiscalía quien investigara todo lo que ha acontecido», ha precisado el portavoz del PP.
Mompó ha explicado que la decisión de cerrar la empresa anunciada recientemente por Gaspar «obedece más a la pérdida de control político por parte del actual equipo de Gobierno de la Diputación que a cualquier otro condicionante y el hecho de anunciarlo en una Junta cuya celebración habían forzado de los grupos de la oposición, lo evidencia aún más».
Asimismo, ha destacado que esta investigación se suma al procesamiento de Voro Femenía en el caso Alquería o al de la alcaldesa de Llaurí, Ana María González, que fue recientemente condenada por conducir en estado de embriaguez en la zona de ocio de la Marina de Valencia y subraya que ambos son asesores de la Diputación con Toni Gaspar.
A ellos se suma Raúl Pardos, que es asesor-coordinador del PSPV en la Diputación y que acaba de ser procesado en la causa de los «zombis» de Imelsa . Por ello, Mompó ha pedido a Gaspar que «rompa su silencio y actúe con la ejemplaridad que exigen los valencianos».
