Gobierno Vasco afirma que la política penitenciaria debe ser «un activo para la convivencia y la normalización política»

Priorizará la defensa de las víctimas y la exigencia de autocrítica a los victimarios por la «sinrazón» de la violencia

VITORIA, 15

La consejera de Justicia del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, ha afirmado que la política penitenciaria que se desarrollará en Euskadi «ha de ser un activo para la convivencia y la normalización política», aunque siempre sobre la base de «el reconocimiento de las víctimas y la defensa de sus derechos; la autocrítica y la responsabilización de los victimarios por la sinrazón política, democrática y ética del ejercicio de la violencia; y la exploración del potencial de la vía restaurativa».

Artolazabal ha participado este sábado en una jornada celebrada en Vitoria con motivo del traspaso a Euskadi de la competencia sobre la gestión de las cárceles ubicadas en la comunidad autónoma, en la que también ha intervenido el asesor penitenciario del Ejecutivo, Jaime Tapia, que en la línea de lo recogido en un documento del Gobierno Vasco publicado el martes, se ha fijado el objetivo de aumentar los regímenes de semilibertad en las prisiones vascas.

El acuerdo sobre el traspaso de esta competencia, contemplada en el Estatuto de Autonomía de Euskadi de 1979, se firmó el pasado lunes entre los gobiernos central y vasco, aunque la transferencia no se hará efectiva hasta el 1 de octubre. La jornada de este sábado, en la que han participado una veintena de asociaciones del tercer sector, ha contado también con la presencia de los directores de las tres cárceles vascas.

En su intervención, Artolazabal ha explicado que el modelo penitenciario que pretende aplicar el Gobierno Vasco en Euskadi «no requiere de cambios legislativos, sino de una interpretación progresista y resocializadora».

De esa forma, y tal y como ha explicado en el transcurso de los últimos días, ha afirmado que el objetivo es desarrollar «un modelo más humano, más cercano, que ayudará a quien quiera ser ayudado». Artolazabal, al igual que subrayó este pasado viernes en el Parlamento Vasco, ha advertido de que esto no supone que se vayan a «perder de vista» los «derechos y las necesidades de las víctimas».

«No podríamos desarrollar un modelo penitenciario propio si nopensáramos en quienes han sufrido cualquier tipo de violencia.Estamos convencidos de que, en esta ecuación, en la que resarcir el daño provocado a la víctima es prioritario, la justiciarestaurativa adquiere un papel relevante», ha añadido.

«Trabajar con las personas presas, con programas específicos y dirigidos, no debe entenderse como un agravio a sus víctimas, muy al contrario», ha manifestado. En este sentido, ha explicado que precisamente porque el Gobierno Vasco «piensa» en las víctimas, trabajará para que «quienes en su día cometieron un delito, hoy no reincidan», algo a lo que, según ha explicado, contribuyen los procesos de resocialización.

En este sentido, ha afirmado que la política penitenciaria que se desarrollará en Euskadi «ha de ser un activo para la convivencia y la normalización política», aunque siempre sobre la base de «el reconocimiento de las víctimas y la defensa de sus derechos; la autocrítica y la responsabilización de los victimarios por la sinrazón política, democrática y ética del ejercicio de la violencia; y la exploración del potencial de la vía restaurativa».

«MENSAJES TORTICEROS Y MANIPULADOS»

Artolazabal ha lamentado la actitud de quienes afirman que lanzan mensajes «torticeros y manipulados» al afirmar que el traspaso de la competencia de prisiones «conllevará por nuestra parte un trato de favor hacia los presos de ETA».

«Se ha dicho que vivirán en resorts , que les haremos trajes a medida o que buscaremos trampas para sacarlos de las cárceles. Por favor, no frivolicemos con temas tan serios y que afectan a tantas y tantas víctimas. Son asuntos delicados que merecen un trato mucho más responsable», ha afirmado.

La consejera ha recordado que en las tres cárceles de Euskadi (Zaballa, Martutene y Basauri) hay en la actualidad un millar de presos, de los que solo 40 cumplen condena por actos terroristas. Artolazabal ha subrayado que «nadie, sea cual sea el delito que haya cometido, obtendrá un trato diferenciado en las prisiones vascas».

De esa forma, ha asegurado que «a todos los presos, incluidos los de ETA, se les aplicará la legislación vigente, tal y como recoge la Constitución». Artolazabal ha advertido que «actuar de otra manera, favoreciendo o discriminando, sería una ilegalidad y podría tener consecuencias legales para quien la cometiera».

TRASLADOS E INDULTOS

Además, ha recordado que el Gobierno Vasco «solo se encargará de la organización y funcionamiento de las cárceles, ni más ni menos», de forma que los traslados o «acercamientos» de reclusos a cárceles próximas a sus lugares de origen, así como los indultos, «siguen siendo potestad del Gobierno español».

Por su parte, y de acuerdo a lo recogido en un documento remitido el pasado martes por el Gobierno Vasco al Parlamento, Tapia ha explicado que el Ejecutivo tratará de desarrollar un modelo penitenciario en el que se puedan «incrementar» los regímenes de semilibertad, «es decir el régimen de flexibilidad contemplado en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario», así como los diferentes tipos de terceros grados, «en particular el tercer grado telemático», previsto en el artículo. 86.4 de ese mismo reglamento, la libertad condicional.

«Estamos persuadidos de que el aumento de dichos regímenes de semilibertad redundará, ya por sí solo, en una mejora de la situación de las personas privadas de libertad», ha afirmado, tras lo que ha destacado que «la idea consolidada científicamente» es que con tales regímenes «se logra más éxito en la inclusión social de las personas privadas de libertad».

En todo caso, ha precisado que el esfuerzo político, social y comunitario que se requiere para propiciar estas medidas «ha de venir acompañado por el compromiso y la exigencia de cambio, en definitiva, una responsabilización por parte de las personas privadas de libertad en su proceso de socialización».

Tapia ha explicado que otro de los objetivos del Gobierno Vasco es la protección de los derechos y la atención de las necesidades de las víctimas de los delitos. Tapia ha afirmado que la Justicia Restaurativa postsentencia «se muestra como la vía más favorable para tal fin».

De esa forma, ha afirmado que los derechos de las víctimas (verdad, justicia, memoria, reparación y solidaridad) «no se satisfacen mediante una justicia más vindicativa o rigurosa, sino con una que atienda adecuadamente aquéllos y éstas».

El asesor penitenciario del Ejecutivo autonómico ha explicado que cumpliendo esos previos fines, relacionados con las personas privadas de libertad y las víctimas, se trata de conseguir una mayor seguridad pública, ya que «una persona insertada o incluida de manera exitosa en la sociedad respetará las normas penales y podrá subvenir a sus propias necesidades, contribuyendo al bienestar colectivo». «Desde otra perspectiva, satisfaciendo dichos derechos y necesidades de las víctimas, se conseguirá una mayor paz social», ha manifestado.

Tapia ha explicado que los presos que cumplen condenas largas son «un reto» para el modelo penitenciario que se pretende aplicar en Euskadi. Por ese motivo, se ha mostrado partidario de abordar la situación de este colectivo «de acuerdo con las ideas que proporcionan los expertos y la doctrina científica», de forma que «habrá de posibilitarse el mandato de reinserción e inclusión social» recogido en el artículo 25.2 de la Constitución Española.

El asesor del Gobierno Vasco ha recordado que el pasado 6 de abril, el Consejo de Europa público las estadísticas penales del año 2019, que sitúan a España «por encima de la media europea en número de presos y tiempo que pasan en la cárcel».