El TSJ Navarra dice que «sigue habiendo una gran batería de medidas» y que la legislación «permite combatir el botellón»

Afirma que «no tendría sentido» suspender el toque de queda y limitar horarios de hostelería

PAMPLONA, 12

El presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), Francisco Javier Pueyo, ha destacado que, tras la suspensión del toque de queda, «sigue habiendo una gran batería de medidas que hay que cumplir» y que impiden aglomeraciones y ha remarcado, además, que la legislación ordinaria «nos permite combatir el botellón».

«Hay legislación estatal, autonómica e incluso ordenanzas municipales que permiten controlar eso, es evidente que la policía tiene un trabajo importante por delante, no es fácil controlar esas circunstancias, como no ha sido nunca fácil controlar esas aglomeraciones de gente. Pero subsisten una gran batería de medidas sanitarias que impiden esas concentraciones y una legislación ordinaria que permite también controlarlo», ha señalado Pueyo, en declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press.

Así se ha pronunciado después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN, que él preside, decidiera este martes denegar el toque de queda planteado por el Gobierno foral y también rechazara el cierre de la hostelería a partir de las 22 horas.

En este sentido, ha recordado que actualmente en los Tribunales Superiores de Justicia «existen dos tesis contrapuestas, una que entiende que hay suficiente paraguas jurídico normativo para que las CCAA puedan acordar medidas restrictivas y otras que opinan como el TSJ del País Vaco que no tienen competencias». «Ese es el debate y las discrepancias judiciales que están encima de la mesa en la interpretación de una normativa que es del año 86», ha planteado.

En su opinión, «el establecimiento de un recurso de casación exprés ante el Tribunal Supremo la semana pasada no es la panacea, pero puede coadyuvar a que en algunos casos, como en el caso del País Vasco, el Gobierno pudiera recurrir». «Eso ayudaría a que el TS dictase doctrina jurídica sobre si las comunidades pueden o no pueden restringir derechos fundamentales con la normativa vigente», ha opinado.

En esta línea, ha incidido en que «la raíz del problema de las discrepancias judiciales está en la diferente interpretación de la normativa existente, la ley del 86», por lo que ha considerado que «sería bueno que se actualizase esa norma para despejar esas discrepancias judiciales».

Sobre la decisión de no autorizar el cierre de las terrazas a las 22 horas, una posición que sorprendió a la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, ha afirmado que «no tendría ningún sentido que no habiendo el toque de queda un señor que estuviese tomando algo en una terraza a las 10 se cerrase y, sin embargo, se pudiese sentar en el banco del parque hasta que quisiera».

«La finalidad de esta limitación era el toque de queda, si decae, pues las limitaciones horarias decaen», ha señalado Pueyo, quien ha remarcado que los jueces «no cogobernamos», sino que «controlar la protección de los derechos fundamentales». «Yo no le digo al Gobierno de Navarra qué medidas concretas tiene que dictar, eso no me corresponde a mí, me corresponde el control de la proporcionalidad de esas medidas», ha agregado.

Asimismo, al ser preguntado por si le preocupa que en Navarra, una vez que no hay toque de queda, se puedan repetir imágenes como las vistas este fin de semana en distintas ciudades, el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha afirmado que «la situación de esas masas incontroladas efectivamente preocupan», pero ha subrayado que «todas esas personas que se reúnen están incumpliendo la normativa», ya que «juntamente con las medidas que no hemos ratificado, hay otras muchas que sí hemos ratificado» como la distancia social o la prohibición de reunirse más de seis personas.

De este modo, ha advertido de que «sigue habiendo una gran batería de medidas que hay que cumplir» y que, además, la legislación ordinaria «nos permite combatir el botellón».

Finalmente, preguntado por si el estado de alarma solucionaría la situación generada tras las discrepancias que se están dando entre los tribunales de justicia en cuanto a las medidas a aplicar, Pueyo ha incidido en que «los jueces no cogobernamos», por lo que «esa cuestión no nos atañe a los jueces».

«Yo no tengo que decir al poder ejecutivo estatal o autonómico qué medidas, cómo articularlas y con qué sistema establecer un marco normativo. A mí me corresponde controlar la proporcionalidad de esas medidas para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, sopesando con la protección de la salud colectiva», ha declarado.