El PP registra su propia propuesta para regular los lobbies en el Congreso, menos restrictiva que la del PSOE

Los populares solo contemplan sanciones para lobbistas y el PSOE plantea castigos que llegan hasta quitar pluses a los diputados

El Grupo Popular ha registrado su propia propuesta para reformar el Reglamento del Congreso con vistas a regular la actividad de los grupos de interés en el ámbito parlamentario, un objetivo que también persigue el PSOE, aunque con una iniciativa más ambiciosa y restrictiva que la de los populares .

En sus respectivas iniciativas, recogidas por Europa Press, los dos partidos mayoritarios plantean la creación de un registro de lobbies en la Cámara, que tendrá carácter público. Pero, mientras el PSOE especifica que se le dará publicidad en la página web del Congreso, el PP no detalla cómo se publicitará.

Según la propuesta del PP, los grupos de interés deberán dejar constancia en ese registro de sus reuniones con diputados o personal adscrito a la labor parlamentaria «acompañando copia de la documentación en formato electrónico de la presentada durante esos encuentros».

Por contra, el PSOE es partidario de que sean los diputados o grupos parlamentarios los que comuniquen el contenido de su interlocución con los lobbies , que también se publicará en la web del Congreso. «Se difundirá en todo caso la identidad de las personas que han entablado la comunicación, la fecha y las materias en torno a las que se ha ejercido la actividad de influencia», especifican los socialistas.

PP: INFORMACIÓN RESERVADA

En todo caso, el Código de Conducta que obliga a diputados y senadores desde el pasado mes de octubre, establece que los parlamentarios deben hacer pública su agenda institucional en el correspondiente Portal de Transparencia, «incluyendo en todo caso las reuniones mantenidas con los representantes de cualquier entidad que tenga la condición de grupo de interés».

Además, el PP introduce la posibilidad de que «la parte que entregue la documentación» de las reuniones con representantes de estos grupos solicite «que su contenido sea considerado reservado por motivos económicos y comerciales, secreto profesional, propiedad intelectual o industrial o por exigencias normativas», una salvedad que no menciona el PSOE.

El primer partido de la oposición determina que sea la Presidencia de la Cámara, «con el parecer favorable de la Mesa y la Junta de Portavoces», la que evalúe «la conveniencia de la reserva» y adopte «las disposiciones necesarias para garantizar la publicidad del registro, con las garantías suficientes para proteger los datos que deban permanecer reservados».

INFORME DE HUELLA LEGISLATIVA

Los dos partidos sugieren la creación de un expediente de huella legislativa de cada ley que se tramite en el que se recojan todos los cambios que se produzcan en el texto. Ambos piden que ahí se incluya toda la información aportada por los grupos de interés» sobre la iniciativa correspondiente y los socialistas apuntan también que al registrar cualquier iniciativa los grupos deberán comunicar si ha sido inspirada por un lobby .

Ambos grupos plantean inclusión en el Reglamento de un código de conducta para los lobistas y posibles sanciones, si bien, los socialistas son mucho más precisos porque dividen la infracciones en leves, graves o muy graves y recogen una graduación de sanciones que irán desde el apercibimiento hasta la suspensión de la inscripción en el registro indefinida en el peor de los casos.

El PP también contempla la cancelación de la inscripción del grupo infractor y la prohibición de acceso a la Cámara, pero deja en manos de la Mesa del Congreso la decisión sobre la duración el castigo en función de la gravedad de la infracción.

A diferencia el PSOE, los populares no concretan quién puede iniciar el procedimiento de infracción, una función que los socialistas delegan en un grupo parlamentario, la Mesa del Congreso o de sus comisiones, el secretario general de la Cámara, cuya Secretaría se encargará en todo caso de instruir el procedimiento dando audiencia a los afectados. La Mesa del Congreso será la que imponga la sanción.

CASTIGAR DATOS FALSOS

Por su parte, los socialistas incluyen también sanciones para los diputados y grupos que incumplan las obligaciones relativas a los lobbies , pero aprovechan su iniciativa sobre los grupos de interés para plantear castigos a los parlamentarios que incumplan el Código de Conducta de las Cortes, que falseen sus declaraciones de bienes, actividades e intereses económicos, no las presenten u omitan información en las mismas.

En este contexto, los de Adriana Lastra apuestan por sanciones que irán desde el apercibimiento y la publicación en la web del Congreso de la infracción cometida por el diputado o el grupo de que se trate hasta la retirada de cargos y complementos salariales del diputado que haya incurrido en infracción, exceptuando los establecidos constitucionalmente, es decir, su sueldo base.

Otra de las especificidades de la iniciativa del PSOE es que, en su código de conducta para los grupos de interés, prohíben ser lobistas a quien haya ostentado diputado, senador o alto cargo del Gobierno central en los cuatro años anteriores, así como quien haya sido inhabilitado judicialmente para ocupar un cargo público.