El Defensor del Pueblo tramitó el año pasado 341 quejas de Cantabria, un 31% más que el anterior
Se plantearon desde la comunidad autónoma 42 solicitudes de recurso ante el Tribunal Constitucional
MADRID/
El Defensor del Pueblo tramitó en 2020 un total de 341 expedientes de queja de Cantabria, la tercera comunidad autónoma que menos planteó pese al incremento del 31,15% respecto al año anterior, cuando fueron 260, según el informe anual que ha publicado el organismo este jueves.
Las quejas de Cantabria suponen el 1,23 por ciento del total de las tramitadas del total del país, que ascendieron a 28.020, un 26,4% más que en 2019.
Solo las comunidades de La Rioja (159) y Navarra (230), además de las ciudades de Ceuta (45) y Melilla (87) presentaron menos que Cantabria. Madrid volvió a situarse a la cabeza.
En total, el organismo tramitó 383 peticiones procedentes de Cantabria, al sumar a las quejas 42 solicitudes de recurso ante el Tribunal Constitucional, frente a la única que hubo en 2019.
Las de la comunidad suponen el 4,63% de las solicitudes de recurso presentadas al Defensor del Pueblo en todo el país.
ACTUACIONES DE OFICIO
Además, el Defensor del Pueblo inició siete actuaciones de oficio relacionadas con Cantabria, de las cuales seis permanecen en tramitación y una concluida.
Una de ellas se inició ante la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria para conocer la justificación de las actuaciones realizadas por la comunidad autónoma de Cantabria de la asignación presupuestaria vinculada al Pacto de Estado contra la violencia de género durante 2018.
ÁREAS DE ACTUACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CANTABRIA
Según el informe anual del Defensor del Pueblo, de los 383 expedientes procedentes de Cantabria, los asuntos más numerosos fueron los relacionados con la administración de justicia, con 98 expedientes; educación (40); función y empleo públicos (36); asuntos de interior (25); empleo y seguridad social (23), y migraciones (22).
El resto se corresponden con las áreas de urbanismno (18); sanidad (17); impuestos (15); actividad económica (13); política social (12); administración local (12); centros penitenciarios (10); servicios públicos y esenciales (9); vivienda y medio ambiente, con 8 expedientes en cada una de estas dos áreas; cultura y otros ámbitos (5), e igualdad de trato y transparencia, con 3. Hay seis en estudio.
Según se indica en el informe que el Defensor del Pueblo, consultado por Europa Press y que la institución ha entregado este jueves a las Cortes Generales, de los expedientes apoyados por un número significativo de ciudadanos hay algunos que tienen que ver con Cantabria.
Así 23 se iniciaron por la disconformidad con la propuesta de los sindicatos de publicar una convocatoria de proceso de consolidación en la Administración de Cantabria cuando, según solicitaban, se debería retrasar por riesgo de contagio por COVID-19.
ALGUNAS ADMINISTRACIONES CÁNTABRAS «NO COLABORADORAS O ENTORPECEDORAS»
El informe del Defensor del Pueblo también hace alusión a las Administraciones «no colaboradoras o entorpecedoras» en la actividad del organismo respecto a sus peticiones de información o recomendaciones, entre las que figuran algunas de Cantabria.
Así, entre ellas, cita a varios departamentos del Gobierno de Cantabria y algunos ayuntamientos.
En lo que respecta al Gobierno de Cantabria, incluye, por ejemplo, a la Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo –ahora solo Educación y FP– después de que el Defensor iniciara una actuación de oficio en junio de 2020 en relación con la adecuación en la enseñanza a las medidas de protección sanitaria por COVID-19 en el presente curso.
El Defensor hizo tres requerimientos de información, el último el 20 de noviembre de 2020, y se recibió el informe el día 25.
También incluye a la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente después de que el Defensor solicitara en noviembre de 2019 una ampliación de información sobre malos olores en el municipio de Astillero. Finalmente fueron 3 los requerimientos que tuvo que hacer el organismo, el último el 9 de julio de 2020 y recibió el informe el 28 de ese mes.
Además, cita a la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, a la que el Defensor hizo tres requerimientos de ampliación de información –el primero en septiembre de 2019 y el último en octubre de 2020– sobre el estado de tramitación del borrador del proyecto de decreto regulador del procedimiento de reconocimiento de perros de asistencia. El departamento que dirige Paula Fernández contestó en noviembre.
Por otra parte, incluye a la Consejería de Cultura después de que en mayo de 2019 el Defensor solicitara información sobre la adquisición de una parcela por su condición de bien cultural, no habiéndose inscrito en el registro la totalidad de sus metros. El tercer requerimiento se remitió en julio de 2020 y se recibió el informe en noviembre.
Además de departamentos del Gobierno, se cita entre estas Administraciones no colaboradoras o entorpecedoras a ayuntamientos como el de Torrelavega, Reocín, Valdáliga, Colindres, Alfoz de Lloredo, Miengo o Rionansa por la tardanza en responder a las solicitudes o recomendaciones del Defensor sobre distintos asuntos, algunos, por ejemplo, relacionados con molestias por ruidos de conciertos o por contenedores junto a viviendas.
DATOS NACIONALES
El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández-Marugán, ha tramitó el año pasado en toda España un total de 28.020 quejas, lo que suponen un aumento del 26,4% con respecto a las 20.616 que se registraron un año antes.
La institución ha presentado este jueves 6 de mayo de forma telemática ante el Congreso y el Senado su informe correspondiente al año pasado, en el que relaciona este aumento de reclamaciones con las medidas políticas y sanitarias tomadas durante la pandemia del Covid-19, muchas de ellas centradas en la Comunidad de Madrid.
En el documento se habla de forma concreta de quejas presentadas ante el Defensor contra los decretos del Gobierno de medidas urgentes en materia económica; para la gestión de la situación de la crisis sanitaria; de medidas complementarias en el ámbito laboral (los ERTE); para reducir la movilidad de la población durante la pandemia; para la implementación del Ingreso Mínimo Vital; o sobre la educación no secundaria, entre otras.
En este contexto, el Defensor del Pueblo ha registrado también un gran aumento de las solicitudes de recurso de inconstitucionalidad y amparo que, en 2020 alcanzaron las 909, frente a las 135 que se registraron un año antes.
La Institución ha explicado que estos recursos de inconstitucionalidad fueron estudiados, tras lo cual, fueron desestimados en el momento procesal oportuno, por entender el Defensor que no se daban los elementos que determinasen la violación de derechos fundamentales que requiriesen la formulación ante el Tribunal Constitucional de las impugnaciones demandadas.
Por su parte, la Institución ha llevado a cabo 406 actuaciones de oficio (el año anterior realizó 372). De ellas, 117 se pusieron en marcha dentro de la labor que realiza el Defensor del Pueblo en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención (MNP), recoge en informe.
Una de estas investigaciones se realizó en relación a la puesta en marcha del estado de alarma y con el objetivo de atender «la multitud de escritos de ciudadanos» que, sobre esta materia, y «bajo la intensa alteración de la vida cotidiana que supuso el confinamiento domiciliario», recibió el Defensor del Pueblo expresando su queja y pidiendo amparo al Constitucional.
Toda esta actividad, según explica el documento, ha culminado en 616 recomendaciones del Defensor del Pueblo y 1.181 sugerencias sobre los diversos temas que se han presentado durante el año pasado.
