El Defensor del Pueblo recuerda el derecho de los presos a recibir una protección adecuada de su salud en las cárceles

La Oficina del Defensor del Pueblo ha vuelto a dedicar especial atención a la situación sanitaria de los presos en su informe anual, presentado este jueves. En él ha subrayado el derecho de los internos en los centros penitenciarios a que se les brinde allí una protección adecuada de su salud, en iguales términos a la que se reconoce a quienes viven en el exterior de las prisiones.

Dicha protección constituye uno de los principios rectores de la actuación penitenciaria, recogiéndose en el artículo 3.4 de la Ley 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, con desarrollo en el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario.

Sin embargo, tal y como se ha expuesto en informes anuales anteriores, la Administración penitenciaria no cuenta con el número de profesionales requeridos, que son los establecidos en las relaciones de puestos de trabajo de la Administración, y su falta ocasiona una ralentización en la asistencia de los presos que, por ese motivo, formalizan continuas quejas en esta institución.

La insuficiencia de médicos en los centros penitenciarios podría atribuirse a la imposibilidad hasta la fecha de finalizar el proceso de transferencias de las competencias sanitarias penitenciarias, pues de haberse integrado en el Sistema Nacional de Salud, sus ofertas de empleo, en igualdad de condiciones que para el resto de facultativos del sistema, no encontrarían insuficiencia de candidatos, que es lo que viene sucediendo en las distintas convocatorias que se producen, obligando a la Administración penitenciaria a ofrecer las plazas mediante contratos de interinidad, y ni siquiera así consigue captar a todos los facultativos que precisa.

«Que no se cubren los puestos de la relación administrativa es un hecho, aunque ello, según sostiene la Administración penitenciaria, no tiene como consecuencia un tratamiento médico insuficiente o inadecuado a los internos», señala. Desde la institución se recuerda que ha reclamado que se proceda a la integración de los servicios sanitarios penitenciarios en el Sistema Nacional de Salud, y, por tanto se transfiera a las autonomías como prevé la Ley General de Sanidad. No obstante, entiende que cualquier actuación se encuentra en suspenso hasta que se dé por finalizada la crisis sanitaria provocada por la covid-19.

Las quejas recibidas en esta institución en materia de asistencia sanitaria, abarcan diferentes aspectos de ese derecho. En una de ellas, se puso de manifiesto que a los internos se exigía que tanto las peticiones de cita médica como el detalle de sus motivos los debían comunicar al servicio médico con la presencia de un funcionario de vigilancia.

En otra queja se apreció negligencia en la asistencia odontológica al interno, pues entre la fecha en que pidió cita y aquella que se le asignó, donde se practicó la extracción de una muela, pasaron tres meses, llegando a ocho meses el tiempo de espera para la revisión de los errores en la intervención realizada. También señala que son muy numerosas las quejas que se reciben por el cambio en los centros penitenciarios de fármacos prescritos a los internos por especialistas y con un largo período de tiempo de consumo.

De entre las quejas recibidas con motivo de la pandemia de covid-19, se destaca la presentada por un gran número de mujeres de presos, exponiendo que, en pleno rebrote, se les estaba facilitando solamente una mascarilla quirúrgica de cuatro horas de duración, para una semana, siendo la misma exigible en talleres y no en las salidas a las zonas comunes. También se referían a que los internos no podrían recibir las mascarillas que ellas les procuraran ni adquirirlas en el economato.

SUICIDIO, UN PROBLEMA EN LA INSTITUCIÓN PENITENCIARÁ

En noviembre de 2020 se elaboraba por el Área de Salud Pública de la Subdirección General de Coordinación de Sanidad Penitenciaria el Informe epidemiológico sobre mortalidad en Instituciones Penitenciarias, correspondiente al ejercicio 2019.

Se indica ahí que el número de fallecimientos en 2019 fue de 194, siendo la tasa de mortalidad de 3,83 por cada 1.000 internos. Se trata de un dato mejor que el del año anterior, en el que se produjeron 210 fallecimientos, siendo la tasa de mortalidad de 4,12 por cada 1.000 internos. La tasa de fallecimientos por sexo sigue siendo superior en hombres (3,6 casos por cada 1.000 internos, 180 fallecimientos) que en mujeres (2,8 casos por cada 1.000 internas, 14 fallecimientos).

En cuanto al lugar de fallecimiento, 141 se produjeron en el centro penitenciario, 52 en el hospital y uno en el traslado al hospital. En cuanto a las causas, 101 fallecimientos se produjeron por causas naturales y 85 por causas violentas, que se desglosan en 37 por uso de drogas, 43 por suicidio y 5 por accidentes. Hay otras 8 muertes por causas indeterminadas .

En este último apartado se incluyen 2 casos en los que tras la práctica de la autopsia no se ha podido determinar la causa de la muerte y 6 en los que la Administración no ha podido disponer de los informes de autopsia y/o de los informes toxicológicos solicitados, bien por decisión judicial, bien por retrasos en la justicia.

No obstante, para el Defensor del Pueblo el problema son los suicidios. El informe notifica 43, 38 eran hombres y 5 mujeres. El método de suicidio fue el ahorcamiento en 38 casos, en dos la autolesión, en dos la ingestión de psicótropos y en un caso no se ha podido determinar el método. El número de suicidios el año anterior había sido de 33, por lo que se ha incrementado en diez personas.

Tanto el número de suicidios como la tasa (0,85 por 1.000 internos) son los más altos desde 2014. La tasa ha subido de un año a otro de 0,64 a 0,85 por 1.000. En cuanto al número de fallecimientos por centros por cualquier causa destaca León (14 fallecidos, entre ellos 5 por causa de suicidio), Sevilla I (10), Madrid VI, Aranjuez (9) y Málaga (8) (09002649).

«Debe reiterarse la preocupación por el número de suicidios, que aumentan significativamente con respecto al año anterior. Es evidente que los internos son un grupo de personas de elevado riesgo para esta causa de muerte», advierte.