La Cumbre Social Estatal pide que la Ley de Vivienda garantice el derecho a una vivienda digna
La Cumbre Social Estatal cree que es imprescindible que la Ley de Vivienda garantice el derecho universal a una vivienda «digna, asequible, accesible y adecuada como derecho subjetivo, como uno de los derechos humanos que aparece recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos».
En un comunicado, la Cumbre Social Estatal, integrada por más de 120 organizaciones, entre las que se encuentran UGT o CCOO, ha dejado claro que las administraciones tienen que asumir sus responsabilidades y dar cumplimiento a la legislación existente.
La Cumbre Social ha analizado las dificultades de las familias trabajadoras para acceder a una vivienda digna y plantea propuestas para garantizar un derecho constitucional hasta ahora poco desarrollado.
«Si queremos garantizar el derecho del acceso a la vivienda, es necesaria la intervención pública a mayor escala», según la Cumbre, que considera que «solucionar el problema del acceso a la vivienda supondría no solo una mejora para millones de hogares, sino que tendría enormes externalidades positivas para el conjunto de la sociedad.
Asimismo, ha alertado de que el alto coste de acceso a la vivienda afecta, en mayor medida, a los hogares con menores ingresos, «lastrando especialmente la emancipación de la población joven que, además, debe soportar una elevada precariedad laboral».
El bajo crecimiento de los salarios y la subida de los precios de la vivienda de alquiler «ha producido un desequilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado», ha dicho la Cumbre, que ha recordado que, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, el 41% de los inquilinos destina más del 30% de sus ingresos a pagar el alquiler, y cerca de 1,4 millones de inquilinos destinaba al pago de la vivienda más del 50% de los ingresos.
También apuesta por adoptar otras medidas «esenciales» como, garantizar los suministros básicos (agua, luz, gas y telecomunicaciones), garantizar una segunda oportunidad efectiva para los hogares con deudas hipotecarias y desarrollar medidas contra el sobreendeudamiento y los abusos financieros e inmobiliarios.
