Las CCAA confían en recuperar 4.150 millones del IVA de 2017, mientras que Hacienda los cifra en 2.500 millones
Muchas autonomías también tienen el asunto judicializado y esperan que el fallo favorable a CyL sea beneficioso para ellas
Los gobiernos autonómicos han valorado positivamente el fallo del Tribunal Supremo a favor de la Junta de Castilla y León que condena al Estado a pagar a la Comunidad la liquidación del IVA de 2017 y confían que, tras esta sentencia, se puedan recuperar hasta un total de 4.150 millones de euros por este asunto, mientras que el Ministerio de Hacienda lo cifra en un total de 2.500 millones.
Esta sentencia a favor de la Junta de Castilla y León es la primera dictada en España sobre este asunto y abre la vía a recursos de otras autonomías en la misma situación. Según fuentes del Gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco, la cifra total de todas las CCAA podría ascender hasta 4.150 millones, si bien desde Hacienda insisten en estos 2.500 millones.
No obstante, este asunto está judicializado en muchas Comunidades Autónomas como es el caso de Andalucía, donde el Ejecutivo de Juanma Moreno acudió a la vía contencioso administrativa para recuperar los 534,3 millones de euros de este impuesto. Parecido es el caso de la Xunta de Galicia, que demandó por vía judicial al Estado esta liquidación del IVA de 2017 y espera conseguir los 204 millones correspondientes.
El Gobierno de Castilla-La Mancha también planteó un recurso ante la Audiencia Nacional con unas estimaciones que pasan por un total de 130 millones de euros y confían en que también se le dé la razón al Ejecutivo de Emiliano García-Page.
En Cantabria también se inició un procedimiento en la Audiencia Nacional para reclamar el IVA de diciembre de 2017 y está a la espera de la respuesta del abogado del Estado a la demanda interpuesta en diciembre por el Gobierno de coalición PRC-PSOE, según informan fuentes del Ejecutivo regional.
AMENAZAN CON SEGUIR YENDO A LOS TRIBUNALES
Por su parte, el Gobierno de Murcia enviará de nuevo un requerimiento al Minsiterio de Hacienda para solicitar el pago de esa cantidad, que en el caso de esta región ascendía hasta los 85 millones de euros y avisan que, en caso de que esa formalidad no sea atendida, irán a los tribunales.
«Las comunidades ya hemos denunciado en múltiples ocasiones el trato que recibimos del Gobierno central, con imposiciones constantes, ausencia de diálogo y sin tenernos en cuenta incluso en plena pandemia, pero ahora es el propio Tribunal Supremo el que le reprocha su falta de lealtad institucional. Ahora esperamos que, una vez que los tribunales les obligan a pagar lo que quitaron a las comunidades, no nos lo vayan a quitar por otro lado para pagar precisamente lo que deben», aseguraba el consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital, Javier Celdrán.
En el caso del Gobierno de las Islas Baleares se confía en un solución consensuada con el Ministerio de Hacienda, aplicable a todas las comunidades y creen que una posible solución con el Gobierno central resolvería «de la forma más efectiva» la reclamación de Baleares.
Por su parte, el Gobierno asturiano considera «un buen precedente» el fallo del Tribunal Supremo a favor de la Junta de Castilla y León que condena al Estado a pagar a la Comunidad los 182 millones correspondientes a la liquidación del IVA de 2017, según han indicado a Europa Press fuentes del Ejecutivo, que han eludido hacer una valoración más extensa del fallo.
HACIENDA ESTUDIARÁ EL FALLO DEL TS
La posición del Gobierno sobre este asunto es la de que estudiará y cumplirá el fallo del Supremo, según trasladan a Europa Press fuentes del Ministerio de Hacienda, y destacan que esta fue una medida del anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy, que en el año 2017 implementó el llamado Suministro Inmediato de Información (SII) del IVA que implicó que, en términos de caja, solo se contabilizaran 11 meses de autoliquidaciones de IVA.
No obstante, desde el Gobierno defienden que España es el país descentralizado que más ha protegido a los entes territorial, poniendo de ejemplo un estudio reciente de Funcas.
En enero del año pasado, cuando esta reivindicación de las CCAA cogía fuerza, Montero achacaba al bloqueo del PP al proyecto de Presupuestos la no devolución de 2.500 millones que estaban presupuestados para corregir el cambio normativo.
