La violencia yihadista y los enfrentamientos intercomunitarios, claves en la inseguridad de Burkina Faso

El Gobierno abrió la puerta a las negociaciones con los terroristas ante la crisis

El este de Burkina Faso, donde dos periodistas españoles fueron capturados el lunes tras un ataque contra una patrulla y posteriormente asesinados, ha sido escenario de un repunte de la inseguridad a causa del aumento de las operaciones por parte de grupos yihadistas, que ha elevado además las tensiones intercomunitarias.

Los periodistas españoles, cuyas identidades no han sido confirmadas oficialmente, fueron dados por desaparecidos junto a un irlandés y a un miembro de las fuerzas de seguridad tras un ataque contra una patrulla mixta de la unidad contra la caza furtiva en la provincia de Kompienga (sureste).

La situación de inseguridad, que afecta igualmente al norte del país y que en los últimos meses se ha extendido hacia la frontera con Costa de Marfil, en el sur, se ha deteriorado drásticamente desde la llegada al poder de Roch Marc Christian Kaboré en diciembre de 2015 tras el golpe de Estado del año anterior contra Blaise Compaoré.

Así, el país no se había visto afectado hasta entonces por las acciones de grupos yihadistas que sí operaban en otros países del Sahel, especialmente en Malí, algo que ha sido atribuido en los últimos años a un supuesto pacto de no agresión entre Compaoré y estas formaciones terroristas.

Sin embargo, Burkina Faso ha sido escenario de cientos de ataques desde entonces, incluido el ejecutado en enero de 2016 contra una cafetería y un hotel de la capital, Uagadugú, apenas unos días después de la toma de posesión de Kaboré, quien el año pasado obtuvo la reelección en una votación marcada por la inseguridad.

Lo complicado de la situación de seguridad ha llevado a las autoridades a aprobar una ley para el reclutamiento de voluntarios para apoyar los esfuerzos del Ejército y la Policía, que se suman a unos grupos de autodefensa conocidos como Koglweogo, dedicados especialmente a garantizar la estabilidad en zonas rurales.

Sin embargo, esta iniciativa de Kaboré ha tenido repercusiones negativas en el conflicto, dado que los abusos supuestamente cometidos por el Ejército y estos grupos de autodefensa en sus operaciones de seguridad han aumentado las tensiones intercomunitarias y han permitido a los yihadistas reclutar a nuevos combatientes.

En el epicentro de estas tensiones se encuentra la comunidad fulani, también conocida como peul, debido a las acusaciones por parte de otras comunidades y las autoridades contra ellos por figurar entre los principales integrantes de estos grupos terroristas, lo que ha provocado ataques y venganzas contra ellos, alimentando un ciclo de represalias.

Ejemplo de esta situación fue la matanza de cerca de 50 miembros de la comunidad fulani a manos de una milicia progubernamental en respuesta a un ataque yihadista en 2019. Los fulani han hecho frente a este tipo de acusaciones en otros países de la región, entre ellos Malí, lo que ha retroalimentado estas dinámicas y ha beneficaido a los grupos armados, que buscaban desestabilizar la situación a nivel local.

Asimismo, el Gobierno ha abierto investigaciones sobre las denuncias en torno a la muerte de civiles a manos del Ejército, incluidas las formuladas por Human Rights Watch (HRW) sobre la ejecución de más de 30 detenidos en abril de 2020 en Djibo (norte) tras haberlos arrestado en el marco de una operación antiterrorista.

LUCHAS ENTRE GRUPOS YIHADISTAS

El país africano ha sido además escenario de las luchas internas entre los grupos yihadistas por el control de diversas zonas, incluidos combates entre las ramas de Estado Islámico y Al Qaeda en la región, Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS) y el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), respectivamente.

Estado Islámico reconoció en mayo de 2020 combates con el JNIM, los primeros hasta dicha fecha en esta zona del continente, y describió a los miembros del grupo como «apóstatas», tras una serie de informaciones de medios de ambos países sobre enfrentamientos entre ambos grupos en Malí y Burkina Faso.

En Burkina Faso operan Ansarul Islam, un grupo terrorista autóctono, así como JNIM, una organización yihadista que aglutina a otras cuatro, entre ellas Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) y Al Murabitún, y en menor medida Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS).

De esta forma, se rompió una frágil entente cordial entre ambos grupos, enfrentados en otros países, principalmente en Siria, si bien no llegaron a alcanzar una cooperación total a la hora de coordinar y perpetrar ataques en Malí y Burkina Faso.

Esta situación ha llevado a los países que integran el G5 Sahel –Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger– a reforzar su cooperación para hacer frente a la amenaza, replicada en la cuenca del lago Chad, donde operan Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA), que también han incrementado sus ataques durante los últimos meses.

POSIBLES CONVERSACIONES

Por otra parte, el primer ministro burkinés, Christophe Dabiré, abrió en febrero la puerta a un proceso de diálogo con estos grupos como una posible solución a la crisis, sin que por el momento se hayan iniciado contactos de forma oficial. «No decimos que Burkina Faso esté en contra de las negociaciones con los terroristas», dijo.

Así, Dabiré defendió durante una sesión en el Parlamento de cara a su confirmación en el cargo tras las últimas elecciones, que «incluso los grandes países, en países como Afganistán (…) han llegado a un momento en el que hay que sentarse en la mesa (de negociaciones) con los terroristas», en referencia al acuerdo de paz firmado en febrero de 2020 por Estados Unidos y los talibán.

En este sentido, resaltó que «todas las guerras terminan en torno a una mesa (de negociaciones)» y añadió que «eso implica que, si se quiere salir de esta situación, antes o después, habrá que reflexionar sobre la posibilidad (…) de iniciar discusiones».

Dabiré arguyó además que este proceso de conversaciones podría iniciarse «si se conociera de forma clara y neta a los responsables de la situación actual», en una aparente referencia a la necesidad de que los grupos terroristas designaran una delegación o un equipo con los que mantener estos contactos.

A pesar de la ausencia de contactos oficiales, la agencia The New Humanitarian indicó en marzo que altos cargos del Gobierno ha mantenido reuniones secretas con yihadistas, contactos que habrían arrancado antes de las presidenciales de noviembre de 2020 y que habrían permitido alcanzar algunos alto el fuego de facto en diversas zonas del país.

Estas conversaciones habrían implicado a grupos integrados en el JNIM –entre los que figuran Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), el Frente de Macina, Ansar Dine y Al Murabitún–, si bien se desconoce si en las mismas participan miembros de ISGS, según fuentes diplomáticas, analistas, trabajadores humanitarios y fuentes de estos grupos yihadistas.

Pese a ello, el portavoz del Ejecutivo, Ousseni Tamboura, ha negado que haya negociaciones en marcha, si bien ha hecho hincapié en que las autoridades han pedido a líderes religiosos y comunitarios que contacten con reclutas de estos grupos para que entreguen las armas y ayuden a reconstruir el país, en un tono de conciliación respaldado por Kaboré durante los últimos meses.

Burkina Faso, junto con Níger y Malí, están además en el centro de una de las crisis de refugiados y desplazados internos de crecimiento más rápido en el mundo, con cerca de tres millones de refugiados y desplazados, según los datos que baraja Naciones Unidas, que ha destacado la necesidad es lograr restablecer la paz y la estabilidad, además de dar ayuda a los damnificados.