El juez retrasa las declaraciones de Brufau y Fainé al 7 de mayo como investigados por contratar a Villarejo
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha retrasado al 7 de mayo las declaraciones del presidente de Repsol, Antonio Brufau, y del presidente de la Fundación Bancaria La Caixa, Isidro Fainé, como investigados en la pieza separada número 21 del caso Tándem , en la que se analiza el encargo por parte de estas dos empresas a la empresa del comisario José Manuel Villarejo para que espiara en 2011 al entonces presidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero.
Las comparecencias estaban previstas para el próximo 29 de abril, pero a petición de la defensa de Del Rivero –personado en la causa como perjudicado– por coincidencia de estas declaraciones con la celebración de una vista oral en la Audiencia Nacional, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha acordado posponerlas una semana, han informado fuente jurídicas a Europa Press.
Junto a Brufau y Fainé –entonces presidente de CaixaBank–, el juez instructor imputó también a los ejecutivos de Repsol Luis Suárez de Lezo, Juan de Amunátegui y Joaquín Uris, y al ex director general de Medios de Caixabank, Antonio Masanell, a los que había citado unos días antes.
Para continuar con el esquema planteado, el juez García Castellón ha aplazado también estos interrogatorios y les ha convocado entre el 5 y 6 de mayo, han señalado las fuentes jurídicas consultadas.
PROYECTO WINE
La línea de investigación por lo que Villarejo denominó proyecto Wine se abrió en diciembre de 2019 pero no se comenzó a citar como investigados a implicados por los encargos al comisario jubilado hasta noviembre de un año después, cuando se imputó al que fuera director de Seguridad Corporativa de Repsol Rafael Araujo y al ex jefe de Seguridad de CaixaBank Miguel Ángel Fernández Rancaño –ambos comisarios, uno en excedencia y otro jubilado–.
La pieza separada número 21 se centra en el trabajo presuntamente ilícito que Villarejo habría realizado a través del Grupo Cenyt para la energética y la caja catalana en 2011, cuando aún era funcionario de la policía.
El magistrado explicó en un auto dictado el 14 de abril –en el que acordó estas últimas imputaciones– que los servicios contratados «tendrían como objetivo salvaguardar los intereses de ambos clientes, que aparecen como aliados empresariales en un contexto de pugna entre accionistas de referencia en Repsol YPF SA para tomar el control de la compañía».
Así, se trata de esclarecer si ambas compañías recurrieron al comisario para evitar que Sacyr se hiciese con el control de Repsol mediante un acuerdo con la petrolera mexicana Pemex, dado que el objetivo era alcanzar «un tercio del total de las acciones».
Según explica el juez, a Villarejo se le habría encargado a finales de 2011 y la primera mitad de 2012 espiar al círculo de confianza de Del Rivero y obtener información de Pemex, la petrolera mexicana que antes de conocerse la estrategia de sindicación compró un elevado número de acciones en Repsol YPF.
