El Procurador de DDHH de Guatemala invoca la Carta de la OEA por la «situación irregular judicial» del país
El Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordan Rodas, ha pedido este lunes al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, convocar al Consejo Permanente en base a la Carta Democrática por la «situación irregular» en el país ante «los obstáculos para juramentar» a una jueza del Tribunal Constitucional.
Rodas, en una carta enviada al secretario general, el pasado martes 13, ha señalado que la junta directiva del Congreso guatemalteco «consumó un grave acto de alteración del orden jurídico interno, con impacto en el orden democrático, al disponer unilateralmente la integración parcial del Tribunal Constitucional, excluyendo a la magistrada titular Gloria Porras».
Para Rodas, esta acción «violenta la decisión autónoma de uno de los cinco órganos de designación de magistrados –el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala– establecidos en la Constitución», mientras que «la falta de transparencia y sustanciación del argumento para impedir la juramentación» supone «una conducta autoritaria, invasiva de las jurisdicciones en el Estado democrático».
«Alterar de esta manera la integración del máximo tribunal constitucional violenta la separación de poderes del Estado, agudiza la crisis del Estado de Derecho y desestabiliza el orden democrático», ha agregado.
En estas circunstancias, ha pedido a Almagro que en base al artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana solicite la convocatoria inmediata del Consejo Permanente de la OEA a fin de realizar una «apreciación colectiva sobre la situación irregular en Guatemala».
En el documento, el procurador de Derechos Humanos ha lamentado «el crónico debilitamiento del Estado de Derecho» en el país centroamericano, «cuyos rasgos más inquietantes son la desobediencia reiterada de los fallos dictados por el máximo tribunal constitucional por parte de las autoridades del Congreso e instancias del propio organismo judicial».
Mientras que también ha denunciado «el irrespeto a la separación de poderes, con serias afectaciones para el orden democrático, y las persistentes acciones de acoso y hostigamiento en contra de fiscales, jueces y magistrados independientes, así como, la asfixia financiera a la Institución Nacional de Derechos Humanos».
La juramentación de los magistrados del Constitucional ha estado envuelta en polémicas, ya que se han interpuesto un total de 19 impugnaciones en contra de la designación de diversos jueces.
