Unidos Podemos concluye que PP y PSOE fueron «cómplices necesarios» de la burbuja, de negarla y no corregirla

En su resumen de la comisión de la crisis, denuncia la «captura» del supervisor y alerta de que siguen las «malas prácticas» financieras

Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea carga contra los diferentes gobiernos de PP y PSOE, a los que ve «cómplices necesarios» para alimentar la burbuja inmobiliaria, negarla y no corregirla en sus conclusiones de la comisión que investiga en el Congreso la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro.

Para esta formación «la causa principal de la crisis estuvo en las malas prácticas bancarias», «comunes tanto a las cajas como a los bancos», pese a que reconocen que «la peculiar estructura» de las primeras «las situó en una posición más vulnerable». Por ello, creen que «la crisis se convirtió en la excusa perfecta para transferir el negocio de las cajas al sector bancario, entregar sus rentas y acabar con un modelo de negocio que no distribuía dividendos, sino que realizaba obra social».

En un documento de 370 páginas, recogido por Europa Press, el grupo confederal subraya que «la base sobre la que se cimentó la burbuja financiera fue la especulación en el mercado inmobiliario y ésta sólo pudo desarrollarse a partir de la cooperación necesaria de los gobiernos del PP y del PSOE». Para explicar este tipo de políticas, Unidos Podemos se remonta a finales de los años 80, principios de los 90,con políticas que van desde la liberalización del suelo hasta de la energía.

«Habida cuenta de que en esos cambios normativos intervinieron gobiernos de distinto signo político, no puede negarse que todos ellos fueros cómplices necesarios para el desarrollo de la burbuja financiera». Una burbuja que, además, consideran que «permitió encontrar un ámbito privilegiado para la corrupción, el enriquecimiento ilícito y la financiación irregular de los partidos».

Recordando que la propia CNMC cifró en 48.000 millones los sobrecostes anuales imputables a desviaciones irregulares en la licitación de contratos, Unidos Podemos sostiene que «ha existido y existe un mecanismo habitual por el cual las adjudicaciones públicas han tenido y tienen una subida media del 25% respecto al presupuesto inicial de licitación».

La conclusión del grupo confederal es que «la base sobre la que se cimentó la burbuja financiera fue la especulación en el mercado inmobiliario» y en ella consideran que «participaron principalmente entidades financieras, empresas promotoras y constructoras, compañías de tasación, instituciones y cargos públicos, convirtiendo el derecho a la vivienda en un lucrativo negocio que tuvo importantes repercusiones en el deterioro del modelo productivo».

«LOS SUPERVISORES PUDIERON FRENAR Y REVERTIR LA SITUACIÓN»

En sus conclusiones, la coalición dispara contra los supervisores, a los que acusa de «dejación de funciones» a pesar, dicen, de «las evidencias en relación a las malas prácticas», ya que consideran que estos contaban con «capacidad regulatoria suficiente como para frenar y revertir la situación».

«Un caso evidente de captura del supervisor por intereses políticos y económicos, que se vio reforzada por la creciente participación de empresas privadas de auditoría externa en la supervisión con una carencia total de transparencia y posiciones, en muchos casos, de conflicto de intereses entre las empresas auditoras y las entidades auditadas», subrayan.

Y es que argumentan que el Banco de España «optó por la vía de realizar recomendaciones en lugar de regular contundentemente» ante «prácticas crediticias abiertamente contrarias a una gestión prudente», como la financiación de hipotecas por encima del 80% o el elevado nivel de apalancamiento.

Además, subrayan que ni este supervisor ni la CNMV impidieron la comercialización y emisión de preferentes creadas en un centro de evasión fiscal como las Islas Caimán por parte de 19 bancos y cajas a través de sus filiales, e incluso acusa al Banco de España de «facilitar e instar» a la emisión de estos títulos pese a que «se sabía que muy posiblemente supondrían quebrantos».

Por otro lado, recuerdan las denuncias de los propios inspectores del Banco de España sobre la regulación en la sombra de comités paralelos dentro de la institución, la utilización de auditores privados para tareas competencias de personal público o que se apartara a inspectores que proponían resoluciones que «incomodaban a las cúpulas del organismo».

SE SIGUE PERMITIENDO LA AUTORREGULACIÓN

En todo caso, Unidos Podemos alerta ante el nuevo marco regulatorio e institucional europeo, pues cree que «presenta graves deficiencias» y permite «niveles de autorregulación que se han mostrado como uno de los factores determinantes de la crisis».

Y es que creen que la batería de paquetes normativos busca «ofrecer una pretendida seguridad que no es finalmente tal», y «no hace sino reincidir en las carencias del anterior modelo», con además una «falta de personal suficiente del supervisor» y un menor control sobre las entidades.

Apuntan a que, por ejemplo, la nueva regulación sustituye la supervisión in situ y seguimiento continuado por nuevos modelos internos de riesgo «diseñados e implantados por las propias entidades» que, además, «no precisan de autorización supervisora».

Frente a ello, el grupo confederal apuesta por la aplicación de medidas que garanticen la independencia y capacidad del supervisor –régimen de incompatibilidades, veto de personas sancionadas, fiscalización de nombramientos–, el desarrollo de un modelo de unión bancaria «garantista» y la reforma del Banco Central Europeo (BCE) para lograr más transparencia, independencia y la búsqueda de objetivos tales como el pleno empleo y la igualdad económica. RESCATE AL SECTOR FINANCIERO A CAMBIO DE RECORTES

Por otro lado, Unidos Podemos apunta a que las entidades financieras consiguieron sanearse «gracias a las públicas», con además un «crecimiento desorbitado de la deuda soberana» y una consecuencia: «la reducción de la financiación de servicios públicos fundamentales».

«El rescate y reestructuración del sector financiero, diseñados e implementados por las autoridades europeas y españolas han supuesto la socialización de las pérdidas incurridas por las entidades financieras, derivadas de sus malas prácticas y que les reportaron en su momento enormes dividendos», critican.

Incluso Unidos Podemos denuncia que la «nefasta praxis» para desarrollar este rescate supuso una mayor pérdida para el erario público, según sostienen aludiendo a un boletín del propio BCE, pues a diferencia de países como Estados Unidos, donde se priorizó la recapitalización de bancos a través de compra de acciones, en España ni se recuperó totalmente esta recapitalización y también se emplearon instrumentos como los avales o créditos fiscales para proteger posibles pérdidas.

LAS MALAS PRÁCTICAS SIGUEN AHÍ

Pese a las sucesivas sentencias judiciales relativas la gestión por parte de las entidades financieras en las hipotecas y a ciertos «avances en materia regulatoria», Unidos Podemos subraya que «por parte de los bancos se continúan realizando malas prácticas en lo concerniente a la colocación de productos financieros inadecuados» y respecto al propio personal.

Así, señalan «presiones» ante «objetivos crecientes de colocación de productos financieros complejos», la asunción de la responsabilidad de evaluar si un producto es adecuado –pese a que se le dicta qué productos debe vender y a qué clientes, remarcan– y a que «las remuneraciones están cada vez más ligadas a la consecución de objetivos»