Las empresas tecnológicas del agua piden una revisión de precios «sin límites»
La Asociación Española de Empresas de Tecnologías del Agua (Asagua) ha pedido al próximo Gobierno que salga de las urnas el próximo domingo 23 de julio que se implante una revisión de precios «sin límites» en el sector.
Durante la celebración de su asamblea anual, la patronal ha solicitado volver a la aplicación universal de la revisión de precios, realizando las modificaciones que sean necesarias en la Ley de Desindexación de 2017 que desvinculó los precios públicos del IPC.
Con la subida de los precios de los materiales y la energía y los problemas originados por el desabastecimiento tras la pandemia, el Gobierno aprobó una revisión de precios temporal –y limitada según las empresas– que concluyó el pasado mes de marzo.
A partir de entonces, la revisión solo opera en los contratos que la incluyan en sus pliegos, lo que Asagua cree que actualiza el riesgo de que se sigan produciendo licitaciones desiertas y amenaza la ejecución de los fondos de Next Generation.
Por otra parte, las empresas de Asagua, dedicadas a la construcción de infraestructuras del agua y a su operación y mantenimiento, han advertido del deterioro actual de las infraestructuras debido al déficit de inversión acumulado en los últimos quince años, que alcanza los 50.000 millones de euros en lo que respecta al ciclo urbano del agua.
Esta situación pondría «en grave riesgo» la correcta prestación de estos servicios, como el abastecimiento, saneamiento y depuración de aguar. Solo el mantenimiento de las infraestructuras del ciclo urbano del agua requiere de unos 3.500 millones al año, al mismo tiempo que España sigue pagando multas por no tener depuradas todas las aguas.
En este sentido, Asagua ha hecho un llamamiento a los gestores políticos en pro de una buena planificación hidrológica en la que los aspectos técnicos y las necesidades sociales «estén sobre los intereses partidistas para lograr el bien común».
Así, considera indispensable retomar las negociaciones para alcanzar un pacto nacional por el agua, materializado en un nuevo Plan Hidrológico Nacional «que acabe con las recurrentes guerras del agua y garantice planes hidrológicos de cuenca sensatos», y defiende la creación de un regulador único en todo el país.
El ciclo urbano del agua cuenta con 27.000 empleos directos y 35.000 indirectos y genera 7.500 millones de facturación anualmente.
