Los contratos con empresas de la Gürtel y el Cupo Vasco, a debate la próxima semana en las Corts valencianas

VALENCIA, 13

La inspección de los contratos de la Generalitat con empresas vinculadas a la trama Gürtel o el debate sobre el cálculo del Cupo Vasco son algunas de las iniciativas que se debatirán en el pleno de las Corts Valencianas de los días 21 y 22 de febrero, en el que también se someterá a votación la Ley de la Huerta.

En concreto, la propuesta de Podemos plantea que el Consell realice una inspección para conocer cuántos de los empresarios vinculados a Gürtel tienen hoy contratos con la Generalitat, informar a las Corts sobre qué contratos se han firmado con ellos en esta legislatura y cuáles han sido las garantías legales, cancelar y establecer las multas oportunas en caso de detectarse irregularidades o incumplimiento contractual.

También plantea avanzar en medidas para garantizar una mayor transparencia y la concurrencia en la contratación pública, favoreciendo que sea más accesible para pymes y autónomos.

La portavoz adjunta de Podemos, Fabiola Meco, ha indicado que la Inspección de Servicios fue «volada por el aire» por el anterior Consell del PP porque «la fiesta nunca se les acababa» y el nuevo Ejecutivo la reforzó.

No obstante, al ser preguntada sobre si Podemos está satisfecho con la labor de Transparencia, ha indicado que «podía dar más de sí de lo que está dando» y quizá en la planificación estratégica podría ser «más valiente de lo que está siendo».

Por su parte, el diputado de Ciudadanos Tony Woodward ha explicado que Ciudadanos plantea una iniciativa para instar al Consell a «rechazar el privilegio territorial que supone el actual cálculo del cupo vasco» porque «el problema no es el concierto, sino ese cálculo, y nadie puede entender que se conceda de esta manera precisamente a la autonomía con mayor renta per cápita del país, con el correspondiente perjuicio que ello supone para otras infrafinanciadas como la valenciana».

En la proposición insta a la Cámara a pronunciarse sobre esta cuestión y a que el Gobierno explique cómo se ha calculado el concierto: «La última reforma del cupo vasco se ha llevado a cabo con total opacidad, por lo que exigimos máxima transparencia con las cifras por parte de PP, PSOE y Podemos, que han votado en el Congreso a favor de este privilegio, demostrando que para ellos existen territorios de primera y de segunda»* ha manifestado Woodward tras alertar, además, de la posible inconstitucionalidad del concierto por incumplir el principio de igualdad entre los ciudadanos.

Asimismo, Compromís planteará una proposición no de ley para establecer un nuevo protocolo en Sanidad para el seguimiento de casos que se derivan a la sanidad privada, que la historia clínica continúe estando disponible en la pública, garantizar el seguimiento por equipos multidisciplinares y crear un grupo de trabajo que determine errores en el plan de choque y plantee soluciones.

Según ha explicado la diputada de la coalición Marian Campello, esta iniciativa está motivada por las derivaciones que ha realizado el exjefe de Neurorradiología Intervencionista del Hospital General de Alicante, entre 2006 y hasta 2013, para operar a pacientes de malformación arterio-venosa cerebral en un centro privado, Medimar, dentro del plan de choque sanitario para reducir listas de espera. El coste de las intervenciones lo facturó la empresa de la hija del facultativo por 7,2 millones de euros, que Compromís llevará a Fiscalía.

El grupo socialista, por su parte, presentará ante el pleno la iniciativa en defensa de las pensiones públicas, ha explicado Ana Barceló, mientras el PP hará lo propio con una proposición no de ley reclamando proyectos estables de financiación para asociaciones como Cermi, Cruz Roja, la Asociación Valenciana de la Caridad, Cáritas o Domus Pace.

LEY DE PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL

El popular Jorge Bellver ha criticado que PSPV, Compromís y Podemos «no quieren» que se tramite y debata en pleno la iniciativa legislativa del PP sobre la ley de participación institucional, que según ha dicho no había recibido hasta este mismo martes el criterio del Consell pero que pese a ello no ha podido ser incluida en el orden del día.

Ante ello, ha relatado que han pedido amparo al presidente de las Corts, Enric Morera, para que el letrado presente en la Junta de Portavoces informara sobre si podía o no incorporarse pero este «se ha negado a que el letrado hablara». Bellver ha recalcado que las iniciativas legislativas tienen prioridad ante las no legislativas y ha censurado esta «burla constante».

Ana Barceló ha señalado que no se disponía del criterio del Consell y ha indicado que el PP «últimamente ve muchos fantasmas donde no los hay». Ha indicado que se está cumpliendo «a rajatabla» el reglamento y «este tema se abordará cuando cumpla los requisitos».

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