ICAF discrepa con la Intervención y cree que no hay sobresueldos aunque está dispuesto al reintegro de las cantidades

Este ente público se mantiene a la espera de que la Intervención resuelva la discrepancia presentada para tomar medidas

SANTANDER, 20

El Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF) discrepa del informe de la Intervención General que revela la existencia de supuestos sobresueldos en este ente público, aunque está dispuesto al reintegro de las cantidades pagadas indebidamente, que podrían rondar los 10.000 o 12.000 euros, si se determina definitivamente que así lo fueron, o a adoptar otro tipo de medidas para corregir la situación.

Así lo ha adelantado este jueves el consejero de Economía, Hacienda y Empleo y presidente del ICAF, Juan José Sota (PSOE), quien ha explicado que este ente público ha presentado oficialmente discrepancia al informe definitivo de la auditoría llevada a cabo por la Intervención que determina que se habían llevado a cabo incrementos salariales por encima de lo legal.

Concretamente, se trata de la secretaria de Dirección, Administración y Recursos Humanos; el responsable económico y financiero, actual gerente del ICAF, y la secretaria del Consejo de Supervisión del ente público.

En declaraciones realizadas este jueves a los medios de comunicación en el Parlamento de Cantabria, Sota ha explicado que el ICAF considera que su actuación ha sido «regular».

El consejero y presidente del ICAF ha justificado que a la secretaria de Dirección se le decidió incrementar su salario –unos mil euros al año– porque pasó a asumir la tarea de elaborar las nóminas de los trabajadores, labor que se hacía hasta ese momento externamente.

En el mismo sentido, ha apuntado que se decidió aumentar el salario al responsable económico-financiero, en aproximadamente 2.000 euros anuales, al año, al ser nombrado representante permanente en el Consejo de Administración de Sogarca (Sociedad de Garantía Recíproca). «No han sido medidas tomadas de forma aleatoria, hay un porqué», ha dicho el consejero.

También la Intervención General considera que la secretaria del Consejo de Supervisión del ICAF no debía percibir dietas por asistir a las sesiones. Ante esto, Sota ha argumentado que quienes han venido ocupado este puesto desde que se creó el ente en 2008 venían cobrando, con lo que no era una situación nueva.

Precisamente, Sota ha afirmado que «le extraña» que desde que se creó el ICAF hace diez años no se haya llevado a cabo «ningún control» o auditoría de personal hasta esta legislatura y ha señalado que, precisamente, se ha desarrollado por «iniciativa» del actual Gobierno PRC-PSOE.

«El Gobierno quiere transparencia», ha defendido Sota, que ha señalado que el informe de la Intervención, que hace referencia a la situación existente en el personal del ICAF desde 2015, está desde hace «un mes o mes y medio» en el Parlamento y también ha señalado que en el Consejo de Supervisión del ICAF, en el que están representados los grupos del Parlamento, se tiene desde noviembre.

Así ha respondido ante quienes –ha dicho– «elucubran» sobre el hecho de que el Gobierno podría haberlo mantenido «oculto» durante la tramitación presupuestaria.

Ahora, el Gobierno y el ICAF esperarán a la resolución final de la Intervención sobre la discrepancia presentada y, si no es admitida, Sota ha insistido en que se tomarán las medidas para corregir la situación, bien a través de la devolución de las cantidades indebidamente pagadas o la adopción de otra fórmula.

LAS REACCIONES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

Al salir a la luz pública en los medios de comunicación este informe, varios grupos parlamentarios se han manifestado sobre él.

Por ejemplo, Podemos ha considerado que la concesión de sueldos por encima de la legalidad en el Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF) de la que habla la Intervención General, es una «muestra más de las irregularidades que afectan al Gobierno de Cantabria».

La formación morada ha señalado que este caso se une al «escándalo de las contrataciones irregulares» en el Servicio Cántabro de Salud y el caso Sogiese , que también se refiere al pago de sobresueldos a algunos de sus trabajadores y por el que Sota ha declarado como investigado.

Tras conocerse este asunto, la formación morada ha criticado que al presidente, Miguel Ángel Revilla, «se le acumulan las irregularidades en un Gobierno que navega sin rumbo y en vez de actuar y tomar decisiones, prefiere la callada por respuesta, esperando que los problemas se resuelvan por sí solos».

«Revilla decidió convertirse hace tres años en el adalid de la lucha contra la corrupción pero ahora que realmente debe actuar ante la sucesión de irregularidades que se están produciendo en sus consejerías, con denuncias ante los tribunales, no toma ninguna decisión, defendiendo y amparando las actuaciones de los responsables de velar por el interés general. Es una actitud que deja mucho que desear y pone en evidencia su escasa capacidad para afrontar los problemas», se ha quejado.

También se ha manifestado sobre este asunto, en un comunicado, Ciudadanos, que ha reclamado que la Consejería de Economía «cumpla con las recomendaciones» de la Intervención sobre el ICAF «y devuelva los sobresueldos».

Además, ha avanzado que Cs «pedirá la comparecencia de Sota en el mes de febrero para explicar este nuevo caso», cuando el Parlamento retome la actividad.

«El PSOE cántabro sigue de escándalo en escándalo cada semana», ha subrayado el portavoz parlamentario de Cs, Rubén Gómez, que ha lamentado que «el PRC no tome medidas ante la ineficiencia de su socio de Gobierno al frente de las instituciones públicas de esta comunidad autónoma».

También durante el debate final de los Presupuestos Generales de Cantabria para 2019 ha salido a relucir este asunto con referencias de algunos diputados como el del grupo no adscrito Juan Ramón Carrancio, ex de Ciudadanos.