Inspectores de Trabajo Progresistas piden precisar qué es un autónomo y distinguirlo de los empresarios
La Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT) cree necesario una mayor precisión de lo que es el trabajo autónomo en su propio Estatuto de Trabajadores y distinguir «el autónomo propiamente dicho de aquellos que son empresarios porque tienen trabajadores por cuenta ajena y tienen otros derechos y obligaciones».
Así lo ha manifestado su portavoz, Fermín Yébenes, en declaraciones a los medios de comunicación instantes antes de comparecer en la subcomisión que estudia en el Congreso la reforma del Régimen Especial del Trabajo Autónomo (RETA).
Yébenes cree que se perdió «una oportunidad única» al aprobar en 2017 una serie de medidas urgentes para estos trabajadores, pues cree que es necesario «definir en una extensión mucho más precisa y amplia la figura del autónomo».
Todo ello en «un momento delicado» en el que, ha dicho, «se está produciendo una huida del derecho del trabajo al derecho del empleo» pues «trabajadores que deberían ser contratados por los empresarios se han convertido en autónomos» con la consiguiente «merma de las condiciones laborales», y efectos sobre los ingresos de la Seguridad Social.
Sin embargo, la distinción no solo se hace necesaria como consecuencia de la irrupción de la economía colaborativa, sino que también hay situaciones «más antiguas» como la prestación de servicios en negocios particulares, como clínicas privadas, amparadas bajo la figura del autónomo o las falsas cooperativas que obligan a la afiliación a trabajadores
Por otro lado, Yébenes ha incidido en la necesidad de mejorar la protección social con la que cuenta este colectivo, particularmente en el aspecto de la prevención. «Se sienten la parte más débil en la cadena de prevención. Únicamente tienen obligaciones y no derechos, y debería darse un paso al frene para dar la misma cobertura preventiva que los de cuenta ajena», ha dicho.
Asimismo, considera «muy acertado» y «lógico» la posibilidad de que los autónomos coticen en base a sus ingresos reales, siempre y cuando «se salvaguarde la base mínima de cotización». «Sería una puerta al fraude», ha dicho.
