Amnistía Internacional pide que España solo financie la vacuna de Hipra si comparte la propiedad intelectual

Amnistía Internacional (AI) reclama que España solo financie la vacuna de Hipra contra la COVID-19 si comparte la propiedad intelectual, con el objetivo de ayudar a paliar la situación de desigualdad en el acceso a la vacunación a nivel mundial.

«España, con el 91 por ciento de la población mayor de 12 años con la pauta completa de vacunación, puede mostrar satisfacción con su plan de vacunación. Por eso debe seguir en esa línea y condicionar la financiación a que Hipra comparta la propiedad intelectual, los conocimientos y la tecnología, se sume a los mecanismos globales de suministro de vacunas y aprovechamiento compartido de la tecnología y haga públicos los costos desglosados de la investigación, desarrollo, producción, distribución comercial y todos los demás aspectos pertinentes de manera oportuna y accesible», ha reclamado el director general de AI, Esteban Beltrán.

El dirigente de la organización, que comparecerá este lunes en la Comisión de Investigación relativa a la gestión de las vacunas y el Plan de Vacunación en España que se está celebrando en el Congreso de los Diputados, considera que nuestro país tiene que luchar contra la falta de acceso en los países pobres.

«Tiene la oportunidad con Hipra, la empresa española que en estos momentos se encuentra en una fase más adelantada de desarrollo de la vacuna y que ha recibido una importante financiación pública de la Unión Europea y del gobierno de España», ha añadido al respecto.

Amnistía Internacional ha avanzado que recordará en la comparecencia la necesidad de que, en su estrategia internacional y en sus relaciones con otros Estados, en especial la Unión Europea, España contribuya a «asegurar que los derechos de propiedad intelectual no impiden a ningún país garantizar el derecho a la salud, y que se toman las medidas necesarias para garantizar el acceso universal a las vacunas».

El director de Amnistía Internacional también recordará a las empresas farmacéuticas que «hasta ahora han monopolizado la tecnología, bloqueado y presionado para evitar que se compartiera la propiedad intelectual y han cobrado precios elevados por las vacunas, priorizando el suministro a los países ricos». «Es necesario revertir esa situación», apuntan.

«Seguimos midiéndonos a través de la solidaridad, o la falta de ella, que mostremos para salir de esta crisis sin precedentes. Y mientras algunos países ricos ya empiezan a ver la luz al final del túnel, la realidad más cruda es que poco más del 4 por ciento de la población de países de bajos ingresos se había vacunado con pauta completa a finales del año pasado. No pondremos fin a esta crisis hasta que no se den los pasos adecuados para que la población global esté vacunada», ha comentado Beltrán.

El director general de la organización ha insistido en que la pandemia «tiene que hacer recordar más que nunca que la salud es un derecho al que todas las personas deberían tener acceso en condiciones de igualdad».

Por otra parte, la organización ha pedido una «evaluación exhaustiva» sobre la gestión de la pandemia de la COVID-19 en España, así como su impacto en el derecho a la salud de las personas puesto que «la falta de publicación de datos actualizados sobre población sin tarjeta y datos desagregados en materia de vacunación que incluya a estos colectivos impide tener una valoración completa de su situación».

La organización resalta que pese a que se ha hecho un «importante esfuerzo» para superar las barreras que impuso el Real Decreto Ley 16/2012 para las personas inmigrantes en situación administrativa irregular y personas reagrupadas legalmente en España, el Real Decreto Ley de 2018 «no ha conseguido revertir ese riesgo todavía, y que el Anteproyecto de Ley de medidas para la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud aún no ha sido adoptado».