España y Reino Unido ponen en marcha los mecanismos de cooperación previstos en el Acuerdo de Fiscalidad sobre Gibraltar
España y Reino Unido han puesto en marcha este jueves los mecanismos de cooperación previstos en el Acuerdo de Internacional sobre fiscalidad y protección de los intereses financieros entre ambos países sobre Gibraltar, que persigue la eliminación del fraude fiscal y resolver más fácilmente los conflictos de residencia fiscal de las personas físicas.
Así lo ha trasladado Exteriores en un comunicado, después de que el Comité Conjunto de Coordinación previsto en el Acuerdo haya celebrado hoy, por videoconferencia, su primera reunión.
Este comité, compuesto por las Autoridades designadas por España y el Reino Unido, tiene por objetivo «supervisar y coordinar las actividades de cooperación previstas en el Acuerdo». Además, en el encuentro han participado los órganos de enlace designados por ambos países.
El Acuerdo Internacional sobre fiscalidad y protección de los intereses financieros entre España y Reino Unido sobre Gibraltar, cuyo principal objetivo es evitar que el Peñón pueda consolidarse como paraíso fiscal, se publicó el pasado 13 de marzo en el Boletín Oficial del Estado tras su entrada en vigor el 4 de marzo.
El acuerdo persigue la eliminación del fraude fiscal y los efectos perjudiciales derivados de las características del régimen fiscal de Gibraltar, territorio que si bien nunca ha figurado en la lista de paraísos fiscales de la UE sí que estaba incluido en la lista española aprobada en 1991, según explicaron fuentes diplomáticas.
El texto establece reglas claras para resolver más fácilmente los conflictos de residencia fiscal de las personas físicas que puedan surgir por la falta de correspondencia entre el lugar efectivo de residencia y la inscripción como residente.
El tratado busca evitar la utilización de sociedades sujetas al régimen fiscal de Gibraltar por residentes fiscales en España o para la realización de actividades económicas en España.
En este sentido, se considerará que las personas jurídicas o entidades gibraltareñas tienen residencia fiscal en España cuando tengan una relación significativa con nuestro país.
Para determinar esto, según explicaron las fuentes, la localización de la mayoría de sus activos, por la obtención de la mayor parte de sus ingresos en España o cuando la mayoría de sus propietarios o directivos sean residentes en territorio español.
El texto fue firmado el pasado 4 de marzo de 2019, según explicó la embajada británica, y es el primero explícitamente relacionado con Gibraltar de los últimos 300 años.
