El Gobierno pide esperar a la sentencia del TJUE sobre Junqueras y recuerda que la jurisprudencia es favorable a España

El Gobierno ha pedido hoy esperar a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) porque «no son vinculantes» las conclusiones del Abogado General de la UE sobre la cuestión prejudicial relativa a la inmunidad de Oriol Junqueras planteada por el Tribunal Supremo.

El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) Maciej Szpunar ha concluido este martes que el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras debe ser reconocido como eurodiputado, porque su escaño depende únicamente del voto de los electores y no de trámites posteriores. No obstante, advierte de que su inhabilitación por la condena en la causa del procés supone que la Justicia europea no es competente para responder a la cuestión del Tribunal Supremo.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez deja claro que se trata de «conclusiones no vinculantes para el TJUE» y pide «esperar a la sentencia» del Tribunal de Justicia para extraer las consecuencias jurídicas.

Recuerda, en este sentido, que todas las partes en el procedimiento –tanto la Comisión Europea, como el Parlamento Europeo y España– salvo Oriol Junqueras han mantenido una línea «contraria a la sostenida por el Abogado General». Y señala también que la jurisprudencia anterior del TJUE es favorable a la posición de España.

Desde Moncloa se precisa que las conclusiones del Abogado General dejan también la puerta abierta a la «posible incompetencia del Tribunal de Justicia por considerar que las preguntas son irrelevantes a la vista de la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre», en el que se condena a prisión a Junqueras y se acuerda su inhabilitación.

El Gobierno en funciones también ha querido dejar claro que la cuestión prejudicial «no afecta a la Sentencia de 14 de octubre del Tribunal Supremo», solo «a la pieza separada de prisión provisional del Señor Junqueras y en particular al recurso de súplica contra el Auto que denegó un beneficio penitenciario».

Por ello, el Ejecutivo español confía en que el TJUE «acoja los sólidos argumentos jurídicos expuestos por el Estado español que ha intervenido en el proceso apoyando la postura del Parlamento Europeo».