El Gobierno autoriza operaciones de deuda por 91 millones a ocho organismos de la Generalitat

Inicia la contratación de 300 máscaras respiratorias para los Bomberos de la Generalitat

BARCELONA, 17

El Gobierno central ha autorizado este viernes nueve operaciones de deuda a corto plazo por valor de 91,3 millones de euros a ocho organismos de la Generalitat, operaciones que eran «absolutamente necesarias» para que estos organismos funcionen con normalidad.

Lo ha explicado el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, en una rueda de prensa para rendir cuentas de los acuerdos que se han tomado este viernes en el Consejo de Ministros y que tiene relación con la administración catalana, intervenida a raíz de la aplicación del artículo 155.

Los organismos autorizados son la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB); la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC); el Centre d Iniciatives per a la Reinserció (Cire); el Institut Català del Sòl (Incasòl); la Fundació Institut Català de Nanociència y Nanotecnologia; el Consorci Institut d Arquelogia Clàssica; la Fundació Institut d Investigació Biomèdica y Sigma Gestió Universitaria.

El delegado ha defendido que, dentro de la «excepcionalidad» que supone la aplicación del 155, esta autorización que ha hecho el Gobierno evidencia, a su juicio, que el Estado trabaja para que los catalanes reciban con toda normalidad los servicios públicos.

También ha anunciado que el Gobierno central ha aprobado tramitar la contratación de 300 máscaras de protección respiratoria para el cuerpo de Bomberos de la Generalitat por un importe de 85.530.000 euros, y lo ha hecho por la vía de urgencia.

Millo ha alegado que el 75% de las máscaras de las que ahora dispone el cuerpo, 1.293 de un total de 1.723, acumulaban un antigüedad superior a los 15 años, y se habían producido incidentes que habían convertido en una «necesidad imperativa» sustituirlas.

El delegado ha defendido la labor que está haciendo el Gobierno central por Cataluña destacando que esta semana se han aprobado 600 millones de euros extras para las comunidades a través del Fondo de Liquidez Autonómica –una regularización del 2016– y que el 20% ha sido para la comunidad catalana.

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