PP Madrid estudiará llevar la comisión de investigación de universidades al TC si la Mesa no reconsiderase su creación

El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid ha asegurado este martes que estudiará pedir a la Mesa de la Asamblea que reconsidere la creación de la comisión de investigación de universidades o, incluso, si no lo hiciera, abrirían la posibilidad de solicitar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC).

Así lo ha señalado el portavoz del PP en el Parlamento madrileño, Enrique Ossorio, en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, después de que ayer la Mesa diera el visto bueno a la constitución de esta comisión.

Según ha explicado Ossorio, la Mesa aprobó la constitución de la comisión, pero no su texto final, ya que «estaba mal hecho» el escrito de la creación. Por ello, quieren esperar a que el próximo lunes esté presentado el escrito de la misma definitivo, y ahí será cuando se plantean pedir una reconsideración.

En caso de que el máximo órgano parlamentario rechazara su reconsideración si la piden, Ossorio ha asegurado que abrirían la posibilidad de solicitar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

INFORME DE LOS LETRADOS DE LA ASAMBLEA HABLA DE «INCERTIDUMBRE JURÍDICA»

El informe de los letrados de la Cámara regional, que solicitó la presidenta de la Asamblea y al que ha tenido acceso Europa Press, concluye que la amplitud de la formulación actual del objeto introduce «incertidumbre jurídica y otras posibles en la Universidad pública madrileña y sus centros adscritos» y «otros posibles casos relacionados con la presunta obtención irregular de títulos académicos oficiales en las universidades públicas de Madrid y sus centros adscritos por parte de cargos públicos».

A su juicio, esto puede «desvirtuar» la determinación que del objeto de la comisión en tanto que éste «ha de versar sobre cualquier asunto de interés público dentro del ámbito de competencias de la Comunidad de Madrid y por tanto singularizado y determinado».

Asimismo, los servicios jurídicos determinan que es «indudable» que sobre las universidades existe competencia de la Comunidad de Madrid y eso por tanto es «predicable» del Instituto de Derecho Público, ya extinto, de la Universidad Rey Juan Carlos «en tanto que forma parte del sistema universitario madrileño».

Ahora bien, a su juicio, «la existencia del título competencial no habilita por si mismo a realizar cualquier tipo de investigación sobre la cuestión».

«La única manera de dotar de garantía la actuación de la comisión frente a una situación de partida de incertidumbre donde aunque existe un título competencial habilitante este está constreñido no sólo por las competencias estatales, sino que tiene como límite un derecho fundamental como la autonomía universitaria cuyo núcleo esencial debe ser en todo caso respetado, es la autocontención, la llamada al uso responsable», han sostenido los letrados.

La Comisión trabajará en todo lo relacionado con las competencias del Presidente y del Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, algo que según los servicios jurídicos «solo pueden entenderse predicables no en exclusiva de estos dos cargos sino de toda la Administración de Justicia y la Fiscalía sin individualización de cargos».

«Cómo se iba a poner en funcionamiento si todo estaba mal. Si el fino jurista que redactó esto lo hubiese hecho bien, no hubiera tenido que cambiarse», ha sostenido el portavoz popular en la Asamblea.