PP denuncia que Gobierno sigue, tres años después, sin aprobar el plan de accesibilidad para personas con discapacidad

Urrutia acusa al Ejecutivo de estar «incumpliendo» eldarrollo de la Ley de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad

El PP ha denunciado que el Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) sigue sin aprobar el Plan Estratégico de Accesibilidad e Inclusión de las Personas con Discapacidad pese a que han pasado tres años desde que se aprobó la ley que lo contempla y ha pedido al Ejecutivo que «se ponga las pilas y no lo demore más».

Así lo ha reclamado este sábado la diputada y portavoz en materia de Políticas Sociales del PP, Isabel Urrutia, en un comunicado coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Además, esta reclamación está incluida en las enmiendas que el partido ha presentado a los Presupuestos de Cantabria de 2023.

Urrutia ha explicado que la aprobación y puesta en marcha del plan es una «reivindicación reiterada» de su partido ya que la Ley de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad fue aprobada en diciembre de 2018, una norma en la que –ha apuntado– se contempla dicho plan, que debería de estar aprobado desde enero de 2020.

La diputada popular ha censurado que el Ejecutivo haya sido «incapaz» de poner aún en marcha este plan y le ha reclamado que «de una vez por todas» lo apruebe e implemente.

Urrutia ha recordado al respecto que, además, el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) elaboró y propuso al Gobierno, en octubre de 2019, un manual de necesidades de accesibilidad que sirviera como base al plan, «llegando a un acuerdo con la consejera de Presidencia para su aprobación en enero de 2020».

Para la diputada popular, el hecho de que el plan no esté aprobado «es una muestra del cacareado compromiso social de regionalistas y socialistas».

Urrutia ha criticado no solo el retraso en la puesta en marcha, sino también la «negligencia» y «falta de capacidad» que, a su juicio, demuestra el Ejecutivo regional para hacer su trabajo y, sobre todo, cuando ello afecta a unas personas «que necesitan de su total apoyo».

Por otro lado, el PP propone la elaboración de la Ley de accesibilidad universal que el Gobierno comprometió en la pasada legislatura y que, según la parlamentaria del PP, «ni tan siquiera han comenzado a elaborar». Al respecto, ha recordado que la ahora vigente data del año 1996 y «es necesario actualizarla».

En opinión de Urrutia, el Gobierno «está incumpliendo el desarrollo de una ley que beneficia a cientos de cántabros, incluso siendo consciente, según parece, de sus necesidades».

En este sentido, ha destacado que, en consecuencia, son varias las enmiendas por medio de las que, a lo largo de todas las secciones, se insta a la Administración autonómica «al cumplimiento de la Ley de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad».

«Las leyes están para cumplirse» ha añadido Isabel Urrutia quien ha lamentado el «mal ejemplo» que, a su juicio, «está dando el Gobierno a los ciudadanos» con su actitud «incomprensible y rechazable».

Urrutia se ha referido también a otra enmienda presentada a los Presupuestos para 2023, que es la que alude a la figura del asistente personal.

A su juicio, se trata de una propuesta «muy importante» para el ámbito de la discapacidad y que –ha dicho– el Gobierno «ningunea pese a estar incluida también en la ley.

Asimismo, el PP propone otra partida presupuestaria para el Plan de Acceso a la Justicia, «garantizando el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad con un modelo específico de apoyos».

NOVEDAD EN LA LEY DE MEDIDAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS

Además, y a través de las enmiendas que el PP ha presentado al Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, se propone modificar la Ley de Función Pública para que en la reserva de un 7% de plazas en las ofertas de empleo público «se incremente al 2% de personas con discapacidad intelectual otro 1% a aquellas que acrediten discapacidad por salud mental.

«Esta es una larga reivindicación de las asociaciones y familias con personas con patologías de salud mental y queremos que esté en vigor para las nuevas convocatorias de ofertas públicas de empleo a partir del año 2023», ha concluido Urrutia.