El Gobierno envía de nuevo a las Cortes la denuncia del acuerdo con la ONU sobre su Universidad en Barcelona

En 2018 fracasó la negociación para renovar el proyecto, pero no se completó el trámite por la disolución de las Cámaras

El Consejo de Ministros ha remitido a las Cortes la denuncia de los dos acuerdos por los que Barcelona acogía el Instituto Internacional de la Universidad de las Naciones Unidas para la Alianza de las Civilizaciones, después de que en 2018 fracasasen las negociaciones para darles continuidad.

La denuncia de ambos acuerdos ya se envió a las Cámaras en octubre de 2018, pero su disolución meses después impidió completar el trámite, que ahora vuelve a comenzar.

La presencia de la Universidad en Barcelona se basaba en sendos acuerdos de 2010 sobre su régimen jurídico y sobre su actividad y las contribuciones económicas asumidas por España, en concreto por el entonces Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona.

Contemplaba una anualidad en 2010 de un millón de euros que se incrementaba progresivamente hasta alcanzar un mínimo de dos millones a partir de 2013. La instalación en dependencias del Hospital de Sant Pau de Barcelona fue facilitada por la Generalitat de Cataluña.

EN 2016 SE REDUJO LA CONTRIBUCIÓN

En 2016 se negoció una adenda que redujo los importes de la contribución española a 700.000 euros al año, que tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018.

En 2018 se inició una negociación para renovar los acuerdos para el periodo 2019-2021, garantizar la sostenibilidad a largo plazo de UNU-GCM y aumentar su visibilidad y eficacia.

Sin embargo, se puso de manifiesto que no era posible incrementar la contribución aportada por España ni tampoco llevar a cabo la reconfiguración del Instituto. En una carta del 7 de agosto de 2018, el rector de la ONU notificó formalmente «la voluntad de este organismo de abandonar el territorio español a fin de ese año.