Riu califica la decisión del Gobierno sobre su hotel de Fuerteventura de «arbitraria y sin fundamento»

Advierte además de daños económicos y sociales potenciales para la isla de Fuerteventura ante el posible cierre del hotel

Riu Hotels & Resorts considera que la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de forzar la caducidad de la concesión del hotel Riu Oliva Beach, de la isla de Fuerteventura, es una acción «arbitraria y carente de argumentos» y confirma que defenderá sus derechos legítimos ante la que considera «una estrategia hostil de este departamento del Gobierno central».

Asegura que la decisión ministerial carece de «argumentos válidos» y es parte de una «estrategia premeditada» para cerrar el hotel, que siempre ha operado legalmente, rechazando de este modo las acusaciones de infracciones y defendiendo su historial de cumplimiento normativo.

Desde la hotelera mallorquina se critica lo que consideran «una manipulación de hechos» por parte del Ministerio y su obstrucción a las mejoras del hotel, e insiste en defender sus derechos en todos los procesos judiciales que se abran a partir de ahora. Advierte además de daños económicos y sociales potenciales para la isla de Fuerteventura ante el posible cierre del hotel

La hotelera española considera que la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de forzar la caducidad de la concesión del hotel de Fuerteventura, es una acción «arbitraria», «carente de argumentos válidos» y parte de una «estrategia premeditada».

La cadena mallorquina estima que hay pruebas que evidencian que la estrategia del Ministerio de Transición Ecológica es «premeditada» ya que ha buscado desde el principio producir la caducidad de una concesión en vigor para el uso de las instalaciones hoteleras que quedaron en dominio público y, con ello, «el cierre de una instalación que siempre ha desarrollado su actividad en plena situación de legalidad y con pleno respeto a la normativa respecto a la legislación que regula la gestión del litoral, así como en cualquier otra consideración urbanística y medioambiental».

Según justifica, parte de la estrategia del Ministerio de Transición Ecológica se ha centrado en argumentar la comisión de infracciones por parte de Riu, pero la hotelera subraya su historial de respeto a la normativa y se desmarca de cualquier infracción que se le impute.

Riu asegura que la resolución del departamento del Gobierno central mencionado, se basa en «argumentos falsos, desproporcionados e incompletos» y tergiversan la realidad física del inmueble, objeto de la concesión: «en ningún caso es cierto que se haya ocupado mayor espacio de dominio público que el referido en el ámbito de la concesión, tal y como argumentaba el expediente abierto por el Ministerio de Transición Ecológica», destacan desde la hotelera.

De la misma forma, asegura que es «falso» que existan usos no autorizados dentro del ámbito de la concesión, ya que todos los citados en el expediente, como es el caso del bazar, «son usos complementarios consolidados y absolutamente habituales en la instalación hotelera».

Además, ratifica tenazmente que «no es cierto que se hayan ejecutado obras sin autorización en el ámbito de la concesión». Así mismo, recuerda que, tras la transferencia de las competencias de Costas a la Comunidad Autónoma de Canarias, el organismo no tiene legitimación competencial.

ESTRATEGIA PREMEDITADA.

La hotelera considera que la actitud del Ministerio de Transición Ecológica es «escandalosa» y que se trata del colofón de una estrategia premeditada, que arrancó en el año 2018 con el objetivo de forzar la caducidad de la concesión.

Riu argumenta que esta decisión estaba prefijada de antemano y que se han buscado los argumentos necesarios posteriormente, «habiendo una clara manipulación de los hechos».

La cadena denuncia que se les ha obstaculizado cualquier actuación por parte de la hotelera para mejorar las instalaciones del hotel, «dilatando durante años la resolución sobre la autorización de las obras solicitadas e impugnando posteriormente la autorización otorgada por el Gobierno de Canarias, una vez transferidas las competencias de Costas».

Incluso, subraya la empresa, «han tratado de anular la concesión con una revisión de oficio que acabó archivada por falta de apoyo de la Abogacía del Estado».

El proceso de caducidad por infracciones en la concesión, que Riu considera «abultadas y manipuladas», iniciado por el Ministerio de Transición Ecológica se ha tomado «con una rapidez que sugiere un interés deliberado». Recuerda que para ello ha tenido que desafiar actos propios, como la transferencia de las competencias de Costas al Gobierno de las Islas Canarias.

DATOS ECONÓMICOS Y SOCIALES PARA FUERTEVENTURA.

Riu alerta además de los importantes daños económicos y sociales que podría genera para la isla de Fuerteventura el cierre de un establecimiento con 52 años de historia.

El establecimiento fue construido en 1972 en el municipio de La Oliva, en el norte de Fuerteventura y se convirtió en un hotel de la cadena RIU en el año 1995.

Según la hotelera el Oliva Beach no solo jugó un papel trascendental en el desarrollo de Fuerteventura, «creando centenares de puestos de trabajo, dando formación y generando riqueza para la población de los pueblos y localidades de la isla», sino que, además, consiguió abrir el camino convirtiéndose en un «referente del turismo internacional» liderando la imagen de excelencia del destino Fuerteventura y Canarias en el mundo.

A día de hoy, el hotel sigue teniendo una gran relevancia para la sociedad del municipio de La Oliva y de toda la isla de Fuerteventura llegando a crear 600 puestos de trabajo, directa o indirectamente.

Riu alerta del peligro de los puestos de trabajo así como el daño sobre el tejido productivo del norte de Fuerteventura. Como dato de referencia, la cadena quiere resaltar que solo los clientes del Riu Oliva Beach y de su vecino Riu Palace Tres Islas mantienen el movimiento de 1,5 aviones diarios con destino a la isla de Fuerteventura, con un impacto económico de 13,6 millones de euros anuales de facturación para la isla de Fuerteventura, según indican los datos oficiales recogidos por el Ayuntamiento de La Oliva.

El impacto económico real para la isla de Fuerteventura supera los 27 millones de euros si se añade el gasto en el destino realizado por los clientes del hotel a lo largo del año.

RIU DEFENDERÁ SUS DERECHOS

Riu defiende su «reputación intachable» en casi un centenar de hoteles en 21 países de todo el mundo. Denuncia además que se siente «víctima» de la actitud del Ministerio e insiste en la defensa de sus derechos. Recuerda además que numerosas instituciones de la isla, así como diferentes agentes económicos sociales, empresarios y sindicatos ya han mostrado un apoyo sin fisuras al futuro del Oliva Beach.

Finalmente, y respecto a la querella presentada por Riu contra los tres altos cargos ministeriales relacionados con la tramitación de los expedientes de revisión, sanción y caducidad de la concesión del hotel, la cadena considera que fue una «acción necesaria» para la defensa de sus legítimos derechos, y recuerda que su admisión a trámite fue defendida «hasta el final» por los distintos fiscales que participaron en la causa.

Riu concluye que «respeta y confía en el Estado de Derecho», y reitera que se defenderá en todos los procesos judiciales que se abran a partir de estos momentos.