El PP rechaza limitar funciones del CGPJ y denuncia la «vuelta de tuerca» de PSOE-UP para «interferir» en Poder Judicial

Gamarra no descarta actuar cuando esa proposición de ley sea aprobada porque «va en dirección contraria a garantizar la independencia»

La portavoz parlamentaria del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha confirmado que el Grupo Popular votará en contra de la toma en consideración de la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos para limitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando esté caducado, como ocurre en este momento. A su entender, es una «vuelta de tuerca más para interferir» en el Poder Judicial.

Gamarra ha indicado que esa reforma «va en la dirección contraria a garantizar la independencia del Consejo General del Poder Judicial». «La paralización de los nombramientos en tanto que el Consejo esté pendiente de la renovación es interferir en la independencia de ese Consejo», ha resaltado.

Al ser preguntada expresamente si el PP se plantea tomar medidas, como acudir a Europa como anunció ante la reforma de PSOE y UP para rebajar la mayoría parlamentaria en la renovación del Consejo, Gamarra ha señalado que hoy «votarán en contra» y ha añadido que «en virtud de cómo finalmente sea aprobada» tomarán «las decisiones oportunas».

«Pero hemos sido contundentes al tomar decisiones cuando se aprueben o se dén pasos en contra de garantizar la independencia del Poder Judicial», ha manifestado Gamarra en una rueda de prensa en la Cámara Baja, tras la reunión de la Junta de Portavoces.

EL PP RECHAZA ESA PROPOSICIÓN EN EL FONDO Y LA FORMA

Gamarra ha señalado que el PP no va a apoyar esa iniciativa de PSOE y Unidas Podemos por «cuestiones de forma y de fondo». En primer lugar, ha dicho que al hacerse a través de una proposición de ley el Gobierno impide que se pronuncien órganos como el CGPJ, el Consejo de Estado o incluso la Comisión de Venecia.

En el caso del fondo, ha dicho que su partido se opone porque esta iniciativa intenta «intervenir en la independencia del Poder Judicial». «Éste es el objetivo que persigue esta reforma, que no cuenta con el amparo constitucional, ya que la propia Constitución establece de una manera clara cuáles son las funciones que puede llevar a cabo con independencia el CGPJ», ha agregado.

Tras asegurar que el PP ha defendido siempre la necesidad de garantizar la independencia judicial, Gamarra ha reiterado que esta propuesta «va en la dirección contraria» porque «en vez de avanzar en más independencia, busca interferir en la misma». «Es una vuelta de tuerca más para intentar interferir desde el Ejecutivo, a través del Legislativo, en el Poder Judicial», ha aseverado.

DENUNCIA «LAS PRISAS» CON LA LEY CELAÁ

Por otra parte, Gamarra ha recriminado al PSOE que haya abierto la posibilidad de aprobar definitivamente en un Pleno extraordinario el 29 de diciembre la Ley de Educación, conocida como Ley Celaá , si al final se introducen enmiendas en el Senado.

La portavoz popular ha criticado que esta reforma educativa se haga «con prisas y sin escuchar a nadie», aplicando el «rodillo y la imposición» y «al margen de la sociedad». Es más, ha dicho que el Gobierno busca con esa rapidez «pagar con la educación los votos en apoyo de los Presupuestos» a los independentistas.

En este punto, ha recordado que ERC exigió la eliminación del español como lengua vehicular en el ámbito educativo y que la reforma de educación se tramitara junto al proyecto de Presupuestos Generales del Estado. «Estamos ante una cesión, la entrega de una parte de la educación a los independentistas como condición para apoyar unos PGE», ha insistido.

Además, Gamarra ha asegurado que con las prisas en la tramitación se busca callar el «clamor que existe en la sociedad» contra esta norma. A su entender, esta ley «no es la que necesita el futuro» de España y «ataca» la Constitución «al no garantizar la libertad de elección por parte de los padres ni que el español sea la lengua vehicular en el sistema educativo».

Finalmente, ha subrayado que los pasos del PSOE y Unidas Podemos demuestran su «manera de hacer», al «utilizar el Congreso para su beneficio partidista y para un proyecto ideológico, así como para pagar el precio político que los independentistas exigen a cambio de votos».