IU pide que Zoido, Catalá y Montoro aclaren al Congreso las «verdaderas circunstancias» de la detención de Falciani

Podemos vería «inadmisible» un «intercambio de rehenes» con Suiza y acusa al Gobierno de querer meter miedo a denunciantes de fraude fiscal

Izquierda Unida ha solicitado la comparecencia en el Congreso de hasta tres ministros para que aclaren las «verdaderas circunstancias» de la detención este miércoles en España del ingeniero informático Hervé Falciani, cuya extradición reclama Suiza desde 2016, y que este jueves ha sido puesto en libertad sin fianza, pero con medidas cautelares. En concreto, quiere que den explicaciones los titulares de Interior, Juan Ignacio Zoido; Justicia, Rafael Catalá, y Hacienda, Cristóbal Montoro.

Según recuerda IU, el que fuera informático del Banco HSBC consiguió en su día los datos bancarios de más de 100.000 clientes de esta entidad, que en un número muy importante de casos sirvieron para demostrar el fraude fiscal y el blanqueo que perpetraban.

«Buena parte de ellos son de nacionalidad española y ello sirvió para que se vieran obligados a regularizar a regañadientes su situación fiscal en nuestro país, incluso con las ventajas facilitadas por el Gobierno del PP», añade IU en una nota de prensa.

Por ello, solicitan que Montoro explique si el arresto de una persona conocida por su colaboración con la Justicia para luchar contra el fraude fiscal, «significa otro hito en la estrategia inconstitucional de amnistía fiscal de este Gobierno».

ROVIRA Y GABRIEL

Además, IU demanda que Catalá detalle ante la Comisión de Justicia si la detención de Falciani «justo ahora» cuando su «última orden de detención internacional por parte de Suiza se emitió en mayo de 2017», pudiera tener «relación con la búsqueda de reciprocidad hacia el Estado suizo en otras causas ajenas a la del informático francoitaliano».

Se da la circunstancia de que actualmente residen en Suiza las dirigentes catalanas independentistas Marta Rovira (ERC) y Anna Gabriel (CUP), ambas procesadas por el Tribunal Supremo español por su diferente grado de participación en el proceso secesionista. En concreto, sobre la primera de ellas pesa, entre otros, el supuesto delito de rebelión, además de una orden internacional de detención para una posterior exigencia de extradición.

Para IU, resulta «cuanto menos curioso» que las autoridades españolas aleguen ahora que la reclamación de extradición de Falciani que solicita Suiza a nuestro país no quedó registrada por la Policía Nacional en el sistema Sirene hasta el pasado 19 de marzo. Suiza le reclama para que cumpla allí la condena a cinco años de cárcel impuesta por esa filtración de datos por el Tribunal Penal Federal suizo.

Sin embargo, IU recalca que, según diversas fuentes, la comunicación grabada en el Sirene indica que esa sentencia condenatoria es firme desde el 2 de mayo de 2016 y que, conforme a la legislación suiza, no hay necesidad de emitir una orden de detención contra esta persona al tener la sentencia el mismo rango/validez que una OEDE (Orden de Detención Europea)

LA AUDIENCIA RECHAZÓ SU EXTRADICIÓN

De ahí que Izquierda Unida reclame también en su batería de iniciativas parlamentarias que comparezca en el Congreso el ministro del Interior para dar explicaciones sobre este extremo. Ya en mayo de 2013 la Audiencia Nacional rechazó extraditar a Falciani a Suiza y, entre otras razones alegó que el informático contribuyó a denunciar «actividades sospechosas de ilegalidad e incluso constitutivas de infracciones penales que de ninguna manera son susceptibles de legítima protección».

También el secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos, Rafael Mayoral, ha criticado la detención de Falciani teniendo en cuenta todos estos antecedentes. «Hasta ahora las resoluciones judiciales eran tajantes al respecto, es una persona que ha colaborado con la Fiscalía y la Hacienda pública en nuestro país y tendría que tener un régimen de protección y no estar en régimen de detención», ha aseverado.

Respecto al hecho de que su arresto haya coincidido con la huída a Suiza de Rovira y Gabriel, Mayoral ha avisado de que sería «absolutamente impresentable, inadmisible e incompatible con un Estado de Derecho» que se pudiera «plantear un intercambio de rehenes» entre España y el país helvético. «No creemos que eso se pueda producir», ha apostillado.

Además, ha subrayado que la detención de una persona que «ha demostrado su voluntad de colaborar con la Justicia» y «ha facilitado que la Hacienda española recupere más de 300 millones de euros defraudados» es un mensaje muy negativo que pretende «infundir miedo» a quienes tengan conocimiento de evasión fiscal «para que no denuncien». «El Gobierno se vuelve a poner como protector de los defraudadores, como hizo con la amnistía fiscal», ha concluido.