Junts pregunta al Gobierno si va a acelerar los indultos para reducir riesgos de contagios en las cárceles
El diputado de Junts (JxCat) Jaume Alonso-Cuevillas, abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, quiere saber si el Gobierno tiene previsto acelerar la concesión de indultos para reducir el riesgo de contagio de coronavirus en los centros penitenciarios, tanto entre la población reclusa como entre las personas que allí trabajan.
Con este objetivo ha registrado una pregunta escrita al Ejecutivo en el Congreso, a la que ha tenido acceso Europa Press, y en la que recuerda al Gobierno que en Francia ya se está aplicando le recomendación realizada por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, quien ha instado a liberar presos para contener los efectos de la pandemia.
Alonso-Cuevillas añade que, además de por el riesgo de contagio de la enfermedad, las cárceles «se han convertido en un lugar peligroso» por «la mayor tensión que se deriva del aislamiento social que viven los presos y los mayores efectos del síndrome de abstinencia que sufren algunos de ellos».
Por todo ello, quiere saber cuántos indultos ha aprobado el Gobierno desde el 31 de enero, fecha en que se confirmó el primer caso de coronavirus en España y si se ha planteado acelerar la concesión de la medida de gracia a quienes ya la hayan solicitado «con el fin de reducir la población penitenciaria y minorar los riesgos sobre presos y personal de vigilancia» en las prisiones.
RAZONES DE INTERÉS GENERAL
El Gobierno se reservó la posibilidad de continuar tramitando indultos pese a la suspensión general de plazos en la Administración que vino derivada del estado de alarma que decretó el pasado 14 de marzo para poder aplicar medidas destinadas a contener la pandemia.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, justificó esta decisión alegando «razones de interés general» y explicando que con ella se podrán analizar las peticiones que ya estuvieran en tramitación el 14 de marzo y también las registradas con posterioridad a dicha fecha.
La oposición, en cambio, interpretó esta medida en clave catalana insinuando que podría ser una puerta para indultar a presos del procés. Una de las condenadas por el Tribunal Supremo, la exconsellera, Dolors Bassa, ya se declaró encantada de que la UGT vaya a pedir su perdón y que estaría dispuesta a aceptar el indulto.
