Sumar presenta una proposición no de ley para garantizar la cobertura sanitaria universal en el SNS
Sumar ha presentado en la Cámara Baja una proposición no de ley (PNL) con el objetivo de conseguir avances reales en la cobertura sanitaria universal, así como su monitorización y cumplimiento en las diferentes comunidades autónomas.
Sumar ha registrado esta propuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguiendo el vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, para su debate en el Pleno.
En concreto, el grupo insta al Gobierno a revisar y mejorar la legislación vigente, a la mayor brevedad posible y por el procedimiento de trámite de urgencia, para garantizar el pleno acceso a la cobertura sanitaria universal en el Sistema Nacional de Salud.
Además, pide que esta modificación legislativa ha de tener en cuenta aquellas situaciones de mayor vulnerabilidad y la situación de las personas ascendientes reagrupadas.
También ha instado al Gobierno a garantizar adecuada información a las unidades administrativas de los diferentes dispositivos asistenciales sanitarios y sociales para garantizar un adecuado acceso al sistema sanitario.
En este sentido, Sumar expone que en el Sistema Nacional de Salud, en 1986, se llevaron a cabo diferentes normativas que ampliaron de forma sucesiva el acceso a la atención sanitaria a toda la población.
En cambio, para Sumar, el Real Decreto-Ley 16/2012 «supuso un retroceso significativo y un cambio profundo en la configuración del sistema sanitario y su cobertura poblacional», en tanto que «vinculaba el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria a la contribución a la Seguridad Social, y se limitaba, por tanto, el acceso de personas extranjeras, tanto de aquellas sin permiso de residencia, como de algunas que sí lo tienen».
Pese a que el Real Decreto-Ley 7/2018 «proclamó la restitución de la universalidad», aun así, «esta reforma no recuperó la lógica previa a 2012, que vinculaba el derecho a la atención sanitaria al hecho de vivir en España», y pese a que «mejoró la situación de algunas personas sin permiso de residencia, también presenta importantes carencias y lagunas que siguen provocando múltiples situaciones de exclusión».
El grupo añade que un año después de publicar este Real Decreto-Ley, la Dirección General de Cartera Básica de Servicios, dependiente del Ministerio de Sanidad, presentó recomendaciones para su desarrollo reglamentario, que, sin tener naturaleza de ley, «incluía requisitos contrarios a esta».
«Estas regulaciones se han materializado de diferentes maneras en las comunidades autónomas introduciendo grandes desigualdades entre ellas y generando una importante inseguridad jurídica», expone Sumar.
En este sentido, cita el Informe acerca de la trasposición y aplicación del RDL 7/2018 a nivel autonómico entre 2018 y 2022 presentado por la plataforma Yo Sí Sanidad Universal. Para Sumar, en el documento se señalan «puntos críticos», como la transposición heterogénea entre diferentes comunidades autónomas, «lo que genera inequidad en el acceso».
Asimismo, Sumar expone que el informe cita la negación del acceso a la asistencia sanitaria de las personas sin permiso de residencia durante los primeros 90 días en el país. Así como la negación o facturación de la atención de urgencia; la negación de atención a menores o embarazadas a pesar de tratarse de grupos especialmente vulnerables, y la negación de atención a miembros de familias reagrupadas.
